Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, sostuvo que la investigación adelantada por su organización, que incluyó entrevistas a más de 65 personas, entre desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades, reveló que el "ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo".
Mientras que "las víctimas que entrevistamos también
detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo
reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave
desprotección por parte de las autoridades estatales", denunció.
La investigación puso al descubierto que ambas
organizaciones asesinaron a civiles a sangre fría, impidieron
que recogieran sus cuerpos, desplazaron a más de 56 mil personas
de la zona, reclutaron de manera forzada a menores, realizaron
secuestros e incluso se mezclaron entre los desplazados en
Cúcuta y otros municipios para mantener su presión sobre ellos.
HRW describió al Catatumbo, una subregión que abarca 13
municipios de dos departamentos, como "un lugar estratégico para
la producción y el tráfico de drogas", aseguró que "durante
años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas
de seguridad venezolanas" para ese propósito y sostuvo que la
violencia la propició el fin del "acuerdo de coexistencia
armada" entre el grupo guerrillero y los disidentes.
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