La carta enviada al presidente en funciones de la corte, César Ernesto Salazar Grande, señala que la corte "ha sido integrada únicamente por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador" a pesar de que sus miembros son también Belice, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Añade que el estatuto y el reglamento de la corte "no responden a la realidad de la composición de la misma" y que está "sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)".
El gobierno de Daniel Ortega también argumenta que la corte depende de las decisiones de países que han aprobado el estatuto, pero que "no se han integrado en el tribunal o no forman parte del mismo".
Esta situación, señala, "es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una corte que responda a una verdadera integración regional, en la cual todos los países miembros del SICA participen plenamente en igualdad de condiciones, asumiendo sus derechos y obligaciones, circunstancia que es inaceptable para Nicaragua".
El anuncio del gobierno de Ortega se conoció después de que el ex canciller nicaragüense Denis Moncada no resultara elegido como secretario general del SICA.
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