Según el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, el extranjero "retenía documentos de mujeres de diferentes nacionalidades, a quienes obligaba a ejercer la prostitución, con el fin de saldar la deuda adquirida por una supuesta oferta laboral en el país azteca".
Fernández Viamonte es investigado por el juzgado del Circuito Especializado del Estado de Yucatán, por el delito de trata de personas.
Las autoridades locales le siguieron la pista
durante varios meses antes de su arresto.
De acuerdo con la versión de las autoridades, ingresó al
país hace cuatro años y simulaba ser un "próspero empresario",
vivía en una lujosa vivienda en un sector exclusivo de Medellín
y solía movilizarse en autos de lujo y blindados, con un esquema
de seguridad personal.
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