La decisión fue tomada durante el Consejo de Asuntos Generales y la luz verde llegó tras valorar que las cuatro jurisdicciones se habían adaptado a los compromisos solicitados por Bruselas, comenzando así a cooperar con la Unión en materia de buena gobernanza fiscal.
Las reformas solicitadas por Europa a los paraísos fiscales pretenden respetar una serie de criterios objetivos, que incluyen la transparencia fiscal, una fiscalidad justa y la implementación de estándares internacionales destinados a evitar la erosión de la base imponible y la transferencia de utilidades.
Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, ambas en el Mar Caribe, terminaron en la lista negra después de las graves deficiencias observadas por el Foro de Prácticas Nocivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recientemente cambió sus recomendaciones de "duras" a "blandas".
Seychelles y Belice fueron incluidos en la lista negra el pasado octubre por una calificación negativa en el sector de intercambio de información.
Sin embargo, los dos Estados se comprometieron a establecer normas ad hoc para remediar sus deficiencias y, a la espera de una revisión suplementaria, Bruselas los promovió de la nómina negra a la llamada "lista gris" que incluye, entre otros, a Israel, Albania, Aruba y Hong Kong.
Pero todavía hay 12 países o territorios de ultramar que integran la lista negra de Bruselas: Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu.
El Consejo de la UE les expresó una vez más la "decepción" por la falta de colaboración en materia tributaria, y los invitó a mejorar su marco legal para resolver problemas detectados.
Los países miembros tienen cierta discreción en estrategias para evitar la fuga de capitales a los paraísos fiscales, pero la UE exige que siempre haya coordinación.
Entre las medidas que Bruselas puede implementar está la de la congelación de fondos comunitarios dirigidos a países de la lista negra.
Por supuesto, Europa también debe considerar su propio nivel interno: en un informe de 2021, la Comisión había activado la atención sobre seis Estados miembros por las estrategias que se consideran que facilitan la evasión: Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, Países Bajos y Hungría.
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