El cálculo se obtuvo el cálculo al multiplicar las 397 parroquias existentes en el país por las ocho procesiones que tradicionalmente cada una realiza durante esta semana.
Molina recordó que, con la prohibición de las procesiones religiosas, el régimen de Nicaragua viola el artículo 29 de la Constitución, que establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y a la libertad de profesar o no una religión. Nadie puede ser sometido a medidas coercitivas que puedan afectar estos derechos".
Aunque ni el gobierno, ni la policía, ni la alta jerarquía católica han notificado formalmente la suspensión de las procesiones en todo el país en esta Semana Santa, por separado y en distintos momentos.
Parroquias de Nicaragua han informado a sus feligreses la suspensión este año de las tradicionales actividades religiosas en las calles, situación "escandalosa e inaudita" según el sacerdote exiliado Edwin Román.
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