El 25 de enero, en la Corte del Vaticano, comenzará la demanda civil interpuesta por daños y perjuicios por el exauditor general de cuentas de la Santa Sede, Libero Milone, y por el exauditor adjunto Ferruccio Panicco, que impugna de raíz la razones por las que, en junio de 2017, se vieron obligados a dimitir.
Ambos habían hecho "espiar" a las autoridades gubernamentales del Vaticano.
La causa, según lo que trascendió, será "toda documental".
El reclamo formulado en el juzgado civil por los dos "demandantes" asciende a un total de 9.278.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
La "cuestión judicial" fechada el pasado 19 de octubre, presentada al Tribunal de Oltretevere a través de los abogados, Romano Vaccarella y Giovanni Merla, se dirige contra la Secretaría de Estado, en la persona del Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, y de la misma Oficina del Auditor General, en la persona del exadjunto entonces ascendido para reemplazar a Milone, Alessandro Cassinis Righini.
En esencia, los dos exauditores vaticanos piden que el Tribunal, "habiendo constatado la nulidad por falta de voluntad (violencia) y la consiguiente ineficacia de las dimisiones forzadas" el 19 de junio de 2017 en Milone y al día siguiente en Panicco , condenan a la Secretaría de Estado -como representante legal de la Santa Sede- y/o, en lo que respecta a Panicco, también a la Auditoría "al pago de la retribución acordada hasta el final del encargo de duración determinada que se les ha encomendado", y también "a la reparación del perjuicio sufrido en su imagen profesional por el carácter calumnioso de su destitución".
Milone, además de reivindicar la absoluta corrección de su trabajo de acuerdo con las tareas de auditoría que le asignó el Papa, reiteró que nunca había hecho espiar a nadie ("en el Vaticano confundían auditoría con espionaje") y subrayó que la agencia Falco Investigazioni de Arezzo, que había contratado, era sólo para realizar controles fuera de las fronteras del Vaticano (oficina de registro, catastro, censo de la propiedad APSA, etc.) así como sobre la seguridad de la oficina en sí misma fuera de las murallas leoninas: en la que , además, su computadora había sido forzada, se encontró spyware en la de su secretaria y se descubrió un interceptador telefónico en las paredes.
Los dos promotores de la demanda también anunciaron que en primera audiencia presentarán una serie de casos de anomalías y "falta de respeto a las normas" (presunta ocultación y malversación de fondos, e incluso dinero que habría ido a parar a partidos italianos) por parte del Tribunal de dicasterios y oficinas vaticanas, sacado a la luz en los dos años de trabajo, todo ya "diligentemente remitido al Santo Padre" ya Parolin.
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