Cincuenta años después, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, entregó a las cuatro hermanas de Puig Antich un documento declarando ilegítimo al tribunal que dictó la sentencia, la nulidad de la misma y reconociendo a Salvador Puig Antich como víctima del franquismo.
El dictamen está basado en la ley de Memoria Democrática aprobada en España en 2022.
"Llevamos 50 años luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Para nosotros este reconocimiento es muy importante", comentó Immaculada Puig Antich, una de las hermanas, en nombre de las demás presentes, Mercona, Carme y Montse Puig, y sus familiares que asistieron al acto y aplaudieron conmovidos. "Estamos muy emocionados", añadió.
La ley de Memoria Democrática anula "por defecto de forma y de fondo" las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, reconociendo el derecho de las víctimas a una indemnización.
En el comunicado entregado a la familia de Salvador Puig Antich, se explica que la reparación por parte del Estado es en reconocimiento a la "persecución y violencia sufrida por motivos políticos, ideológicos y de conciencia durante la dictadura" y "de su condición de víctima" por haber sido condenado a la pena de muerte".
"El Consejo de Guerra dictó una sentencia injusta que, por tanto, es anulada. Estos juicios estuvieron fuera del marco legal y de la mínima defensa de los acusados", afirmó el Ministro de Memoria Democrática en el acto.
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