"Sin embargo, los recientes y crecientes intentos de la UE y sus Estados miembros de eludir sus responsabilidades externalizando la tramitación del asilo y la protección de los refugiados corren el riesgo de socavar el sistema de protección internacional".
Así se afirma en una carta firmada por 95 ONG, entre ellas Amnistía, Human Right Watch, Cáritas e Hias.
"Las organizaciones humanitarias y por los derechos humanos están alarmadas por estos acontecimientos e instan a la UE y a sus Estados miembros a salvaguardar el derecho de asilo territorial en Europa", reza la carta.
"Los debates sobre la externalización del asilo no son nuevos y han sido constantemente criticados, cuestionados y rechazados a lo largo de los años: la propia Comisión Europea descartó la viabilidad jurídica de tales modelos en 2018, calificándolos de 'ni deseables ni factibles'".
Las ONG resaltaron que son los países de "renta baja y media" los que acogen "al 75% de los refugiados del mundo" pero, sin embargo, "se multiplicaron las propuestas para transferir el examen de las solicitudes de asilo, o incluso la responsabilidad de proporcionar protección a los refugiados, a países no pertenecientes a la UE".
"Italia -afirmó el documento- está intentando actualmente tramitar las solicitudes de asilo de determinados grupos de solicitantes fuera de su territorio, empezando por la detención en Albania, y otros, como Dinamarca y Alemania, están evaluando la viabilidad de un acuerdo de este tipo".
"Además, 15 Estados miembros de la UE y algunos grupos políticos aprobaron medidas similares de corto alcance para trasladar la tramitación del asilo fuera del territorio de la UE y animaron a la Comisión a estudiar formas de facilitarlo mediante nuevas reformas legislativas, incluso a través de un concepto suavizado de "tercer país seguro", agregó.
"En los últimos años -acusaron las ONG- la Comisión siguió eludiendo el control público o parlamentario y los marcos legislativos de la UE, concluyendo acuerdos cada vez más controvertidos y poco transparentes con terceros países, arrojándoles enormes sumas de dinero sin garantías reales de derechos humanos o mecanismos de supervisión, con el objetivo de contener y desalentar la migración y el movimiento de refugiados hacia la UE, aparentemente a cualquier costo humano".
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