Los sindicatos están presionando al gobierno de Italia, en rumbo hacia elecciones anticipadas, para que tome medidas para evitar una "explosión social", ante lo cual ya se estudia un decreto en la línea de otro anterior de ayudas, con el objetivo de calmar los efectos de los costos en alza de la energía y el estallido inflacionario, para dar un respiro a familias y empresas.
Efectivamente, es sobre esa base que toma forma la nueva '"ayuda" sobre la que el Gobierno dimitente retomó el trabajo y que debería ver la luz, como muy tarde, la primera semana de agosto próximo.
Una medida que ya tiene una dote de 10 mil millones de euros y sobre la que presionan los sindicatos, que solicita respuestas inmediatas para hacer frente a los aumentos de precios.
El decreto también debería volver a proponer ayudas que expiran si no se excluye cualquier novedad, como una posible intervención sobre el IVA.
Precisamente en clave antiinflacionaria, también a la luz de revocatoria hecha por el jefe de Estado, en realidad se está evaluando si se propone el bono de 200 euros o, alternativamente, se introduce un recorte del IVA en algunos bienes de consumo.
La asignación única de 200 euros, ahora llegando con la nómina de pagos de julio para más de 30 millones de italianos, podría ser así renovada por un mes más.
La medida, en la versión actual, alrededor de 6.8 mil millones de euros.
Aún no está claro cuánto podría costar la posible rebaja del IVA Además, habrá una intervención en el capítulo de facturas de servicios, con la renovación para el último trimestre del año de esterilización de las tarifas del sistema de electricidad y gas vigentes hasta al 30 de septiembre.
Para esto, se necesitarán aproximadamente entre 3,2 y 3,3 mil millones de euros.
Está prevista, por lo demás, una parte sobre garantías y créditos a las empresas, mientras que, en este punto, se excluye un primer anticipo de la reducción de la carga fiscal, como se suponía antes de la crisis gobierno.
La cobertura, sobre la que se basan las comprobaciones, está asegurada por el proyecto de ley presupuestario que garantiza una dote de 8,5 mil millones, que gracias a la buena tendencia de los ingresos debe permitir un espacio de presupuesto de 10 mil millones.
El proyecto de ley, según se sabe, probablemente será votado por el Parlamento a finales de la próxima semana, con el fin de permitir que se apruebe el decreto de "ayuda bis" en la semana siguiente.
Mientras, quedan en stand-by las reuniones sobre la medida con los interlocutores sociales, iniciadas antes de la crisis política.
Los sindicatos piden actuar rápidamente con el decreto de 10 mil millones de euros.
"La emergencia que estamos viviendo por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo y por el costo de la energía no pueden esperar el resultado de las elecciones. Necesitamos respuestas de inmediato", sostuvo el secretario de Unione Italiana del Lavoro (UIL), Paolo Bombardieri.
El riesgo es que "se abra una situación de explosión social debido a un escenario que ya no es sostenible", advirtió, por su parte, el líder de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Maurizio Landini, quien pidió al gobierno aún en funciones que tome medidas.
En el plano económico, el Ejecutivo renunciante tiene sobre la mesa otros temas candentes en los que está tratando de ver cómo procede, por ejemplo la operación ITA Airways, la compañía de bandera estatal creada en 2021 como sucesora de Alitalia, sobre la cual aún no está claro si quien cierre la privatización será este o el próximo gobierno.
A partir de septiembre, en tanto, se abrirán la sesiones por el presupuesto.
El ministro de Economía, Daniele Franco se encargará de redactar la Nota de actualización del Documento di Economia e Finanza (DEF), esperada en las Cámaras para el próximo 27 de septiembre.
Luego deberán decidir el documento programático del presupuesto (ante la Unión Europea antes del 15 de octubre) y la ley de presupuesto (antes del 20 de octubre en el Parlamento): pero el bolígrafo, ya en ese momento, estará en manos de un nuevo ejecutivo.
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