La OFAC, que administra la política de sanciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, anunció que se renueva la suspensión de la Licencia General 5Q ,sobre "ciertas transacciones relacionadas con el Bono Petróleos de Venezuela, S.A. 2020".
Esos papeles fueron emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro en octubre de 2016 por 3.367 millones de dólares, sin autorización de la Asamblea Nacional (Congreso). Tienen como garantía el 50% de las acciones de CITGO, una de las principales empresas refinadoras de Estados Unidos, filial de la estatal PDVSA.
Como en la práctica una orden ejecutiva de Washington prohíbe a ciudadanos de Estados Unidos participar en operaciones financieras de venta, pignoración o transferencias con activos o empresas donde el gobierno de Venezuela tenga más del 50% de la propiedad, los dueños de esos bonos no pueden cobrarlos, ni tampoco pueden ejercer la garantía y apropiarse de Citgo.
Pero la refinadora ya está en proceso de remate judicial por otros procesos. Enfrenta una treintena de demandas de acreedores del gobierno de Maduro por impagos de la cuantiosa deuda externa venezolana. El líder chavista declaró en 2017 una moratoria unilateral de esa deuda que hoy asciende a 165.000 millones de dólares.
La cifra incluye bonos, facturas de servicios a PDVSA y pagos pendientes de compensaciones a grandes empresas que fueron confiscadas por el difunto presidente Hugo Chávez.
La nueva medida de protección de la OFAC estará vigente hasta el 7 de marzo de 2025, lo que significa que después de esa fecha entrará en vigor la Licencia General número 5 y estarán autorizadas operaciones financieras relacionadas con el bono PDVSA 2020, a menos que haya una nueva renovación de la suspensión.
La OFAC aclara que en la medida en que se llegue a un acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono del 8,5% de PDVSA 2020, podría otorgar licencias específicas favorables a un acuerdo.
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