"Esta semana hemos presentado ante la CIDH 530 casos de graves violaciones cometidas durante el régimen de excepción", dijeron en un comunicado conjunto el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal "María Julia Hernández".
Entre los casos hay "desapariciones forzadas, casos de torturas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas en las cárceles bajo la custodia del Estado", expusieron.
Las oenegés urgieron a la CIDH a "darle trámite de manera ágil al proceso" y "resolver a favor de las víctimas".
Anteriormente, los casos siguieron "el proceso de agotar las instancias nacionales", como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la presentación de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSI).
El objetivo es que "se pueda reparar a las víctimas y el Estado sea condenado por estas graves violaciones", declaró el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal.
En un informe sobre El Salvador, la CIDH denunció el pasado día 4 "abusos en el uso de la fuerza" en el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que ha conducido a la detención de unos 82.000 presuntos pandilleros, y pidió su derogación.
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