Tercer traslado de migrantes a Albania y tercera denegación dictada por los jueces italianos, que frenan la posibilidad de que sean ingresados en el centro de Gjader, en el noroeste del país balcánico, con una decisión similar para los 43 y que traslada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tarea de plantear dudas sobre si un país puede ser calificado de seguro, "cuando no se satisfacen las condiciones sustantivas para su designación respecto de determinadas categorías de personas".
La decisión del Tribunal de Apelación de Roma tuvo como consecuencia la liberación de los 43 solicitantes de asilo (bengalíes y egipcios) que llegarán a Bari este sábado por la noche.
Otra bofetada para el Gobierno de Giorgia, que revela "una gran sorpresa" y sostiene que "no es necesario esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Mientras, Galeazzo Bignami (del partido de Meloni, Hermanos de Italia, FdI) apunta a "la actitud de resistencia de una parte de la justicia italiana ante las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y combatir la inmigración irregular".
La oposición, por su parte, está contenta y la secretaria del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, habló de un "rotundo fracaso" del Poder Ejecutivo.
El martes pasado, 49 migrantes interceptados al sur de Lampedusa fueron transportados a Albania: seis ya habían sido trasladados a Italia en los últimos días por ser menores de edad o personas vulnerables.
Para los otros 43, asistidos por abogados, hoy fue el día de la audiencia para validar las detenciones, en enlace de video con los magistrados de la Corte de Apelaciones de la capital, quienes los escucharon y por la noche emitieron los veredictos.
Igual que los anteriores.
Sin validación.
Por tanto, la transferencia de jurisdicción de los jueces
de la sección de inmigración al Tribunal de Apelaciones no ha
producido los resultados esperados por el Gobierno.
Es más,
algunos de los jueces que decidieron siguieron siendo los
mismos.
La procedencia del solicitante de asilo de un país seguro
es requisito previo para la aplicación del procedimiento
fronterizo acelerado y, por tanto, para su traslado a Albania.
Tanto Bangladés como Egipto están en la lista de
"seguros" incluida por el gobierno en un decreto en diciembre.
Pero en el decreto, señalan los jueces, "no se tuvo en cuenta en
absoluto el incumplimiento de las condiciones para determinadas
categorías de personas" y no se mencionaron "fuentes de
información concretas sobre la condición de los países incluidos
en la lista".
Por tanto, según el razonamiento, "en lo que respecta a las
condiciones sociales y políticas de los países" es válida la
"información cualificada puesta a disposición y utilizada para
el anterior decreto interministerial de 7 de mayo de 2024".
Y fuentes ministeriales aseguran que las condiciones de
seguridad en Bangladés y Egipto "no se respetan para todas las
categorías de personas", como la comunidad LGBTQI+, las víctimas
de violencia de género, incluida la mutilación genital femenina,
y las minorías étnicas y religiosas, las personas acusadas ;;de
delitos políticos y condenados a muerte. Dado que existen
"conflictos interpretativos" entre el derecho europeo y el
italiano sobre esta materia, los magistrados han formulado "una
petición prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea".
Se espera que el organismo decida sobre esto el 25 de
febrero. La oposición pasa al ataque. "Pediremos -anuncia
Schlein- que se rindan cuentas de todos los gastos que ha
soportado el Estado en esta misión. Según nuestras estimaciones,
ahora tenemos más de mil millones de euros que se podrían haber
invertido para contratar enfermeras y médicos en el país".
"Los departamentos de salud pública se vaciaron", afirma
el ex premier Matteo Renzi y sentencia que "se están
desperdiciando millones en Albania por una elección irrazonable,
ilógica e ilegal de Giorgia Meloni". Para Alfonso Colucci y
Alessandra Maiorino (del opositor M5S) "errar es humano,
perseverar es una prerrogativa del gobierno Meloni".
Según el secretario de +Europa, Riccardo Magi, "es la
piedra angular de las políticas migratorias implementadas hasta
ahora por Giorgia Meloni entre presiones legales y golpes
parlamentarios". El líder del AVS (Verdes y Socialistas), Nicola
Fratoianni, habla de un "final preparado" y ataca: "Meloni no
debería utilizar este episodio para hacerse la víctima y acusar
a la justicia de nuestro país".
La mayoría lanza dardos contra los magistrados. "Una vez
más - señala Galeazzo Bignami - nos encontramos ante una
posición que parece ir más allá del ámbito jurídico, asumiendo
una connotación política y obstaculizando la acción del gobierno
Meloni".
Por parte de los jueces, según se hizo eco el
vicesecretario de la Liga, Andrea Crippa, "otra invasión del
campo, una decisión que daña a Italia y que hace feliz a la
izquierda y a los inmigrantes clandestinos". "El boicot al
partido continúa", dice Maurizio Gasparri (Fuerza Italia) en
defensa del gobierno.
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