La nueva versión del decreto, recibidas las opiniones y las indicaciones de la comisión de Justicia, podría aterrizar en uno de los próximos CDM, pero en el Ministerio de Justicia, de la via Arenula, todavía se espera de entender si Palazzo Chigi decidirá dar luz verde para la inserción del decreto en el calendario de inmediato o habrá una prórroga.
En este momento -explicaron fuentes del ministerio de Justicia- se está evaluando el perímetro dentro del cual extender la prohibición y decidir si incluir en general la prohibición de publicación para todos los documentos, como todas las medidas cautelares personales, el encarcelamiento, las prohibiciones y registros, o solo ciertos documentos.
Sin embargo, parece claro que la fórmula de secreto establecida seguirá siendo la misma que se decidió hace dos meses: el texto preciso del documento pasa a ser efectivamente secreto y la prensa no podrá publicarlo, al menos hasta que concluyan las investigaciones preliminares o hasta el final de la audiencia preliminar.
En el caso de custodia cautelar solo podrá publicarse el contenido del documento, sin poder citarlo entre comillas, y podrá ser fielmente reportado solo el cargo completo.
La enmienda se refiere al artículo 114 del Código de Procedimiento Penal y se había decidido tiempo antes en el Parlamento, cuando el Senado aprobó el artículo 4 de la ley de adaptación de la legislación nacional a las disposiciones de la directiva europea.
Fue una enmienda del diputado Enrico Costa (antes de Azione y ahora en Forza Italia) la que inició el proceso, durante su paso por la Cámara. A continuación, el decreto legislativo pasó por primera vez por el escrutinio de los ministros en septiembre pasado para someterse después a la lectura y posibles sugerencias, no vinculantes, de las dos comisiones de Justicia de la Cámara y el Senado en un plazo de 60 días.
Una vez transcurrido este plazo, queda por ver cuándo se elevará al Consejo de Ministros para que el Ejecutivo le dé el visto bueno definitivo. Y la incertidumbre podría resolverse tan pronto como en las próximas horas.
Más allá de los plazos, son precisamente las indicaciones procedentes de las comisiones las que tensan la malla: la mayoría, junto con Italia Viva, pide que la prohibición se amplíe a todas las demás ordenanzas, previendo también multas para los periodistas y no solo para los editores (hasta 500.000 euros).
Pero es muy posible que el gobierno no acepte todas las propuestas y frene las sanciones demasiado elevadas para los reporteros.
No se descarta, sin embargo, que se incluyan multas en el proyecto de ley sobre difamación que aún está en el Senado.
Es seguro que las modalidades de contenido periodístico, en lo que respecta a las investigaciones judiciales, cambiarán pronto: se volverá a lo establecido por la reforma de 2017 de la entonces ministra Andrea Orlando, según la cual se pueden publicar órdenes sin límites.
Entre tanto, la medida provocó la reacción del Movimiento 5 Estrellas (M5S): "solo pasaron algunos días desde que se evitó el peligro de la mordaza que el gobierno quería imponer a los magistrados e inmediatamente nos enfrentamos a un nuevo intento de amordazar aún más la libertad de prensa y golpear el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre actos judiciales de especial importancia. Con la avalancha de medidas del gobierno Meloni, Italia es ahora una república antidemocrática, fundada sobre la mordaza", afirmaron los representantes del M5S en las comisiones de Justicia.
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