Hay siete perfiles de la ley Calderoli sobre los cuales proviene el freno de la Corte: de los niveles esenciales de Beneficios (Lep) a tasas impositivas.
Mientras, los jueces consideraron "infundada" la cuestión de constitucionalidad de toda la reforma, colocada por los gobernadores.
En sustancia, para el ministro de Autonomía, Roberto Calderoli "la Corte declaró la ilegitimidad de disposiciones específicas con una sentencia aditiva, que no requiere más intervención, excepto para la parte relativa a Lep".
"Sobre estos y los costos relacionados y requisitos estándar -anunció- estamos trabajando en una solución que se compartirá en el Parlamento. Sobre las funciones no Lep, reanudaremos el camino de las negociaciones", añadió.
En el documento, de más de 160 página, la Consulta sostiene que hay sujetos "a cuyas funciones la transferencia es, en principio, difícil justificable según el principio de subsidiariedad", escribieron los jueces.
De hecho, existen ambas razones legales, de orden técnico o económico, que imposibilitan la transferencia.
En ese sentido, la Corte se refiere a materias en las que "predominan regulaciones de la Unión Europea" así como política de comercio común, la protección del medio ambiente, la producción, el transporte y la distribución nacional de energía y las grandes redes de transporte, pero también las "normas generales de educación", que tienen un "valor necesariamente general y unitario", y las funciones relativas a la materia sobre "profesiones" y los sistemas de comunicación.
Además, la autonomía diferenciada "debe ser funcional para mejorar la eficiencia del equipo público, para garantizar una mayor responsabilidad política y para responder mejor a las expectativas y necesidades de los ciudadanos, en aplicación del principio de subsidiariedad".
Así, por un lado, la transferencia de funciones no debería aumentar el gasto público, pero debería reducirlo o mantenerlo sin cambios", y, por el otro, "el criterio a seguir para financiar las funciones transferidas debería considerar el costo ajustado por ineficiencias".
El fallo inevitablemente también pesará sobre las cuestiones de referendos.
El presidente de la Consulta, Augusto Barbera, recordó hoy que "la oficina central debe encargarse de ello referéndum, el Tribunal Supremo", al que el texto fue "enviado porque tienen que comprobar si están dadas las condiciones o no para consulta de referéndum".
Mientras, en el frente político, la oposición, desde Avs hasta PD pasando por el Movimiento Cinco Estrellas, habló de un pronunciamiento que "derriba" la reforma y pone "una lápida al proyecto" de romper la unidad del sistema escolar nacional".
Y hay quienes expresan satisfacción en la mayoría, como el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien comenta positivamente el hecho de que, según los jueces, "no puede haber delegaciones en las Regiones sobre comercio internacional".
"Una diferenciación sobre una base territorial de nuestras políticas de comercio exterior serían perjudiciales para nuestro país", reiteró el líder de Forza Italia, recordando que había "expuesto la cuestión en una carta funcionario al ministro Calderoli en septiembre pasado: observaciones que resultaron ser bien fundadas".
Sin embargo, son diferentes las reacciones de los gobernadores.
Si el presidente del Véneto, Luca Zaia, considera que las motivaciones de los jueces son "casi instrucciones de uso y por lo tanto -dije- podríamos hacerlo rápido", el de Puglia, Michele Emiliano, habló de "una frase que cierra definitivamente el juego".
Por su parte, el nuevo gobernador Marco Bucci advirtió: "En Liguria queremos una Región con un estatuto especial exactamente como el Friuli Venecia Julia. Nosotros también bordeamos con un estado en el extranjero".
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