Se ejecutaron 47 medidas cautelares personales y se embargaron bienes, valores y dinero por 520 millones de euros.
Los procesados están acusados de asociación delictiva con fines de defraudación fiscal agravada por el método mafioso y blanqueo de capitales.
Los investigadores reconstruyeron una facturación falsa por valor de 1.300 millones de euros.
El juez de instrucción de Milán, a petición de la Fiscalía Europea (Eppo), dictó 34 medidas cautelares de prisión, 9 de arresto domiciliario y 4 medidas de interdicción.
La evasión se realizaba a través del comercio de productos informáticos y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.
Entre los destinatarios de las medidas restrictivas se encontraban también siete personas contra las que se emitió una orden de detención europea.
El juez de instrucción ordenó el embargo preventivo de más de 520 millones de euros y de lujosos inmuebles, incluyendo complejos turísticos en varias ciudades.
Según el magistrado, el mecanismo permitió a líderes de la mafia siciliana y la camorra napolitana invertir sus beneficios en los bienes embargados.
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