En Italia, el GPA es ya un delito desde hace veinte años, pero ahora la pena se extiende también a quienes lo practican en el extranjero, que corren el riesgo de sufrir penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta un millón de euros.
"Quienes se refugian en la retórica de los 'derechos' para justificar la práctica del alquiler de úteros deberían preguntarse por qué existe una red mundial de feminismo que apoya a Italia iniciativa y considera a nuestro país un ejemplo a seguir en todas partes", comentó a ANSA la ministra de Familia, Igualdad de Oportunidades y Natalidad, Eugenia Roccella.
"Hoy, con el voto del Parlamento italiano, los
derechos no han sido negados, sino al contrario, han sido
reafirmados y finalmente hechos efectivos", sentenció luego.
Todas las oposiciones, sin embargo, coinciden en que la
nueva legislación va en contra de la Constitución, crea "niños
de serie A y de serie B" y tiene un aspecto "medieval", concepto
expresado varias veces también por la ONG Familias Arcobaleno y
por las numerosas asociaciones LGBT que ayer en la plaza
gritaron todo su descontento y su sentimiento de discriminación.
Según el líder del grupo Italia Viva, Ivan Scalfarotto, la
nueva disposición viola el artículo 3 de la Constitución: "es un
delito universal solo si los italianos, el rebaño de Giorgia, lo
hacen, si lo hace Elon Musk se abrirán las puertas del Palazzo
Chigi para él", añadió.
Para la senadora del Partido Demócrata (PD), Cecilia
D'Elia, se trata de "una arma más de distracción masiva respecto
de los problemas del país, una disposición que supone una
elección ideológica instrumental y gravemente inconstitucional",
mientras que para su colega de partido Annamaria Furlan es "una
ley contra niños".
La diputada de Alianza Verde e Izquierda (AVS), Luana
Zanella, explicó que es "una ecofeminista que rechaza
enérgicamente la idea y la práctica de una maternidad reducida a
un útero y a un mercado.
Pero esta ley no me convence y será
ineficaz".
La senadora del M5, Alessandra Maiorino, la definió como
"una desgracia jurídica" que equipara la maternidad subrogada
con crímenes de guerra, tortura, piratería y genocidio, pero
solo para atacar a las familias arcoíris que "en su visión de la
sociedad deben desaparecer".
"Queremos erradicar el fenómeno del turismo procreativo",
respondió la senadora de FdI Lavinia Mennuni, mientras que su
colega de partido Lucio Malan añadió: "la oposición acusa al
centroderecha de ideología. Y estamos de acuerdo, si por
ideología entendemos defender la dignidad de las personas, de
las madres, de los niños, que tienen derecho a saber quién es su
padre, quién es su madre y tienen derecho a no ser una
mercancía".
Massimiliano Romeo, exponente de la Liga (partido que
integra el gobierno de Meloni, recordó: "Queremos evitar que se
eluda la prohibición prevista en Italia viajando al extranjero
para encargar a un niño que luego es reconocido en nuestro
país". "El comercio de recién nacidos no puede ser tolerado,
incluso si se realiza en países donde esto es lícito", añadió
Pierantonio Zanettin, de Forza Italia, también integrante de la
coalición de gobierno.
Es "un día histórico, fruto de años de batallas" para Pro
Vita&Famiglia. Pero, en la vereda de enfrente, e incluso antes
de la aprobación definitiva de la medida, los radicales, el
secretario Maurizio Turco y la tesorera Irene Testa, anunciaron
la presentación de una pregunta en referéndum para derogarla,
mientras que la asociación Luca Coscioni - que se autodenomina
una ONG para "la libertad civil"- prometió luchar en los
tribunales contra la norma.
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