Además de las 22.956 infracciones penales, el año pasado las fuerzas policiales y las oficinas portuarias detectaron 39.294 infracciones administrativas.
En total, se descubrieron una media de 8,4 infracciones de la ley por kilómetro, una cada 119 metros.
Casi la mitad de los delitos penales, el 45%, se refieren a la construcción ilegal (10.257), seguida de los residuos y la contaminación (6.372, el 28%), la pesca ilegal (4.268, el 18%) y las violaciones de las normas de navegación (2.059, el 9%).
El 50,3% de los delitos se concentran en las cuatro regiones con presencia mafiosa: Campania (3.095 delitos), Sicilia (3.061), Apulia (3.016) y Calabria (2.371). Seguida por Lacio (1.529 delitos) y Toscana (1.516).
Entre las diez primeras regiones se encuentran Cerdeña, Véneto, Liguria y Las Marcas. Esta última región ocupa el primer lugar en términos de número total de delitos (delitos e infracciones administrativas) por kilómetro de costa (38,9), seguida de Friuli-Venecia Julia (31,9 delitos por km) y Basílicata (30,9).
El número de violaciones al patrimonio ambiental de Italia sigue siendo asombroso. Pero ese crecimiento de casi el 30% de los delitos en 2023 se puede interpretar de dos maneras: no solo un aumento de los delitos, sino también una mejor actividad preventiva y represiva.
Lo demuestran el número de personas detenidas (204, +98,1% respecto a 2022) y el número de incautaciones, equivalente a 4.026, un aumento del 22,8% respecto a 2022.
Ante este panorama, para Legambiente es necesario actuar cuatro líneas directrices: lucha contra la construcción ilegal, sobre la cual la asociación ecologista pide, por ejemplo, acelerar la demolición de edificios ilegales, también proporcionando financiación a los municipios; luchar contra la mala depuración, para escapar de los onerosos procedimientos de infracción de la Unión Europea; la cuestión de los residuos; la lucha contra la pesca ilegal, con intervenciones regulatorias adecuadas y sanciones realmente efectivas.
Para Enrico Fontana, responsable del Observatorio de Medio Ambiente y Legalidad de Legambiente, la construcción ilegal es "un fenómeno devastador para el desarrollo social, ambiental y económico de todo el país, que afecta principalmente al Sur, en particular a las regiones con asentamientos tradicionales mafiosos, y a las zonas costeras, las perlas estivales del Bel Paese, sobre la cual es necesario intervenir con mano decisiva y con un sacrificio que no puede posponerse".
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