Una polémica se desató al interior de la coalición oficialista por el proyecto de uno de sus partidos, la Liga, de dar protección judicial a los gobernadores En efecto, el viaje a Roma del expresidente de Liguria, Giovanni Toti, reavivó el tono de la mayoría en materia de justicia, pues La Liga volvió a alzar la voz, abriéndose para un escudo penal a los gobernadores locales.
Por el momento no hay ningún texto, pero en Via Bellerio ya se preparan para levantar los brazos para una batalla en línea con las preguntas del referéndum de 2022 sobre la ley Severino.
Sin embargo, ya se ven las primeras grietas en la coalición de gobierno.
A la hipótesis planteada por Matteo Salvini, Hermanos de Italia (FDI, por sus siglas en italiano), reaccionó con un freno.
"No creo que la solución sea dar protección a quienes desempeñan funciones muy importantes para garantizar a todos los ciudadanos", sostuvo el senador de FdI, Raffaele Speranzon.
El otro partido que conforma la coalición gubernamental, Forza Italia, observa la propuesta con curiosidad, mientras continúan los ataques contra el Poder Judicial por el asunto de Liguria.
Y son precisamente las imputaciones a Toti, acusado de corrupción y financiación ilícita, lo que reaviva las polémicas.
Para Salvini, el exgobernador es "rehén del Poder Judicial". La política, para el viceprimer ministro, está "degradada y sometida a otro poder estatal".
De ahí la propuesta del escudo judicial.
Lo cual podría concretarse en una medida que se adjuntaría a una de las reformas en las que está trabajando la mayoría.
No hay certezas, salvo la que se discutirá en profundidad en septiembre próximo.
Mientras, sin embargo, la cuestión ya está rebotando de un lado a otro de la Cámara.
Toti declaró que no habló de ello en la reunión bilateral con el líder de la Liga Norte.
Pero la idea de proteger procesalmente a los gobernadores parece complacer al expresidente de Liguria.
A pesar de declarar que el escudo "es un poco complejo", Toti apoya el principio de "ampliar la inmunidad política también a alcaldes y gobernadores".
Salvini cuenta también con el respaldo de Massimiliano Fedriga, que considera su propuesta "compartible".
Y no se descarta que, si la hipótesis se materializa, el tema pueda encontrar espacio en el debate interno de la Conferencia de las Regiones.
Las dudas persistentes, por ahora, sólo provienen de FDI.
Los "grandes nombres" no se expresan, mientras el senador Speranzon habla del escudo como algo "innecesario".
Entre las filas de Forza Italia, sin embargo, se espera con interés el tema.
El canciller italiano y miembro de ese partido, Antonio Tajani, espera ver las cartas y mientras tanto deja más de una ventana abierta.
"Nos sentaremos alrededor de una mesa -aseguró- y veremos en términos concretos lo que prevé la ley. Como hicimos con el abuso de poder, siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas de buena administración".
El día de la gira de Toti por Roma, el secretario italiano lanzó una amplia intervención que abarca desde las puñaladas contra el Poder Judicial hasta el análisis de las elecciones de Liguria.
"Es extraño -explicó Tajani- que se celebre un proceso durante las elecciones, de modo que se intente influir en una votación cuando la gran mayoría de los magistrados italianos habrían tomado decisiones diferentes a las que han ocurrido en Liguria".
El viceprimer ministro, al subrayar que "una parte minoritaria del poder judicial no puede sustituir a la política", precisó también que "el candidato de la oposición en Liguria es el ex ministro de Justicia".
Por su parte, el político del Partido Democratico, Andrea Orlando, no entró en polémicas, pero desde la oposición se levantaron las primeras voces contra el escudo a los administradores.
La presidenta de Justicia del Partido Demócrata, Debora Serracchiani, confía "en los sectores más astutos del centro derecha".
"Tendrán la sensatez de evitar este regreso al pasado", afirma, citando a Lodo Alfano.
Para el líder de la izquierda italiana, Nicola Fratoianni, "un mensaje devastador viene de la derecha", y, por su parte, Angelo Bonelli, de Europa Verde, consideró que la propuesta de Salvini es "una vergüenza inconstitucional".
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