Malatto, presente en la sala del tribunal, vive en Italia desde 2011.
Sin embargo, en la audiencia ante el juez de instrucción, además de los familiares de las víctimas, participaron la Presidencia del Consejo de Ministros italiano, el Partido Demócrata, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la ConfederaciónItaliana de Sindicatos de Trabaadores (CISL) y la Unión Italia del Trabajo (UIL), la Asociación 24 de Abril y el Partido Comunista Argentino.
El juez se reservó el derecho de decidir en la próxima audiencia el 9 de septiembre.
"La decisión del gobierno argentino no nos sorprende porque el objetivo del actual ejecutivo es borrar lo sucedido en nuestro país", comentó Miguel, familiar de Daniel Santuccio, que hace unas semanas descubrió que era hijo de desaparecidos .
"Esperamos que se pueda hacer justicia en Italia, pero quiero lanzar un llamamiento para apoyar nuestra recolección de firmas contra la decisión del gobierno argentino de cancelar la unidad de investigación que busca desde hace años a los hijos de parejas desaparecidas", exhortó.
Malatto huyó de la justicia durante más de una década. Fue segundo jefe del capítulo correspondiente a las provincias argentinas de San Juan y Mendoza del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio e iba a ser enjuiciado en 2011 en San Juan, pero logró refugiarse en Italia.
El país europeo rechazó su extradición, pero una organización de derechos humanos argentina no se rindió: contactó a familiares de víctimas, insistió ante la justicia local que tomó el caso y con el respaldo de la anterior gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, logró empujar el expediente hasta un tribunal.
Malatto tiene 75 años. Durante la última dictadura fue segundo jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, conocido como el RIM-22, comandado por el represor Jorge Olivera.
Tras la reanudación de los juicios de lesa humanidad post nulidad de las leyes de impunidad que protegían a los genocidas, Malatto, que vivía en Mendoza, fue detenido, acusado de 29 crímenes imprescriptibles. Pero el juicio oral tardaba en llegar y con la demora como excusa, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad. Un beneficio que el represor aprovechó en exceso: antes de ser juzgado se fugó hacia Chile y desde allí hacia Italia, una vez que ese país le habilitó la ciudadanía.
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