El organismo afirmó que bajo el pretexto de combatir eficazmente la delincuencia y enfrentar debidamente la crisis de seguridad, la iniciativa "altera las reglas sobre uso de la fuerza, estableciendo la 'legítima defensa privilegiada' para la policía".
Añadió que se están entregando "facultades excesivas que atentan contra los derechos humanos y desconocen las recomendaciones de los organismos internacionales".
"Estas legislaciones conocidas como 'gatillo fácil' (en Brasil, como "con licencia para matar"), no se ajustan a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza promovidos por el sistema de protección internacional de derechos humanos porque al otorgar un cheque en blanco a las policías, facilitan la desprotección de los ciudadanos y la comisión de violaciones a los derechos humanos", afirmó la Comisión.
Además, indicó, "entregar estas facultades omnímodas a Carabineros de Chile sin previamente acoger la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de realizar reformas estructurales de la institución, nos parece un despropósito".
Recordó que esta y otras recomendaciones fueron hechas después de la visita a Chile en el marco del estallido social de 2019. En esa oportunidad se pidió ajustar los protocolos sobre uso de la fuerza a los estándares de derechos humanos y hacer verdad y justicia a las víctimas, las que no han sido cumplidas cabalmente por el Estado chileno, acusó la entidad.
El proyecto de ley Naín Retamal debía votarse hoy en el Senado, pero fue postergado para el martes, y el Gobierno anunció indicaciones.
La Cámara Baja aprobó esta semana cinco proyectos legislativos sobre seguridad a raíz del impacto social por el asesinato de una carabinera durante un procedimiento policial.
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