Tras la condena a diez años de prisión en la causa Golpe de Estado II, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, deberá afrontar un nuevo proceso penal por las matanzas a cargo de las fuerzas de seguridad ocurridas en Senkata y Sacaba, en 2019.
El denominado Pacto de Unidad que aglutina a las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales, actualmente en el gobierno) se declaró en estado de emergencia y anunció que presentará una nueva demanda penal contra la también exsenadora.
La acción, anunció el movimiento, también irá contra otros políticos, entre ellos el ex candidato presidencial Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra.
"Se debe sancionar a todos los que provocaron las muertes el año 2019 (…) queremos aclarar que la denuncia será presentada en los próximos días por la masacre que vivió el pueblo boliviano. No se debe confundir el proceso a la que ahora está sometida Añez por el delito de golpe de Estado, es independiente al que iniciaremos", señalo Eve Rojas, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, según el portal de la emisora Correo del Sur.
El propio Evo Morales calificó como una "pena benigna" la reciente sentencia de 10 años de prisión contra Añez, encontrada culpable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por asumir la Presidencia en 2019, tras la dimisión forzada de Morales.
"Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Añez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia", escribió Morales en Twitter.
Según juristas locales, Añez podría recibir una nueva condena de 30 años de prisión.
La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019 aunque empezó a tomar forma días antes en una reunión en la Estación Policial de Huayllani, Cochabamba, cuando el comandante Jaime Zurita le advirtió al dirigente del sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: "Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar".
El Decreto Supremo 4078 autorizaba a las fuerzas armadas a realizar operaciones para "reestablecer el orden" y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal.
Fue el aval del régimen de Añez para que sus oficiales actúen con total impunidad.
Cuando los manifestantes en una marcha pacífica intentaron ingresar a la ciudad de Cochabamba, fueron reprimidos por policías y efectivos de las fuerzas armadas, que contaban con tanquetas, dos helicópteros y una avioneta sobrevolando el lugar, causando 27 muertos y cientos de heridos.
Algo parecido ocurrió en Senkata, cuatro días después, cuando otra brutal represión aniquiló a una decena de personas durante un operativo para desbloquear el paso de combustible desde una refinería.
Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que las fuerzas militares cometieron masacres contra civiles durante la convulsión social a fines de 2019.
Y sostuvo que "hubo racismo y desprecio por la identidad indígena".
De acuerdo con la CIDH, al menos 36 personas perdieron la vida en distintas regiones de Bolivia durante los conflictos posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.
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