Una jueza federal prohibió
temporalmente al Pentágono hacer cumplir la orden ejecutiva del
comandante en jefe que prohíbe a las personas transgénero
prestar servicio militar, mientras continúa una demanda
presentada por 20 miembros del servicio.
La decisión la tomó Ana Reyes, la primera persona hispana y
abiertamente LGBTQ en ejercer como jueza de distrito en
Washington, donde fue designada por Joe Biden.
En su opinión, la orden ejecutiva del 27 de enero, una de
las muchas emitidas por el magnate contra los derechos legales
de los estadounidenses transgénero, probablemente viola la
prohibición de la Constitución de Estados Unidos a la
discriminación sexual.
"La cruel ironía es que miles de militares transgénero se
sacrificaron, algunos arriesgando sus vidas, para garantizar que
otros tengan los mismos derechos de protección que la
prohibición ahora busca negarles", dijo Reyes.
En respuesta a la orden de Trump, el Pentágono anunció el 11
de febrero que ya no permitiría que las personas transgénero se
unieran al ejército y que dejaría de realizar o facilitar
procedimientos asociados con la transición de género para los
miembros del servicio.
Poco después, el Departamento de Defensa dijo que comenzaría
a expulsar a los miembros transgénero.
Trump escribió en su medida que "adoptar una identidad de
género incompatible con el sexo de un individuo entra en
conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida
honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal".
Pero en su recurso, Reyes señaló que el gobierno admitió que
los demandantes son excelentes soldados y prueba viviente de que
"las personas transgénero pueden tener la ética guerrera, la
salud física y mental, el altruismo, el honor, la integridad y
la disciplina para garantizar la excelencia militar".
"Entonces ¿por qué despedirlos a ellos y a otros soldados
condecorados?", preguntó la jueza.
Los querellantes en la demanda argumentaron que la orden es
ilegal, señalando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos
de 2020 que establece que la discriminación laboral contra las
personas transgénero es una forma de discriminación sexual
ilegal.
Los abogados del gobierno argumentaron ante el tribunal que
el ejército tiene derecho a excluir a personas con ciertas
condiciones que las hacen no aptas para el servicio, incluido el
trastorno bipolar y los trastornos alimentarios.
La jueza los presionó repetidamente, sin embargo, para que
justificaran su posición con pruebas y en ocasiones expresó
indignación por el lenguaje del fallo que denigraba el carácter
de las personas transgénero.
Los defensores de los derechos de las personas transgénero
dicen que hay alrededor de 15.000 militares transgénero (de un
ejército de aproximadamente 1,3 millones), mientras que el
Pentágono sitúa la cifra en unos pocos miles.
Aquello de Reyes es sólo la última de una serie de medidas
de los jueces para detener las acciones ejecutivas de Trump,
desde desmantelar USAID y otras agencias hasta recortar gastos y
personal y deportar a inmigrantes ilegales.
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