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Juristas, "'investigar a la CPI es posible"

Pero el antecedente es incómodo: ya lo hizo Moscú.

BRUSELAS, 07 febrero 2025, 17:46

Redaccion ANSA

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© ANSA/EPA

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Investigar a los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) es posible, pero el antecedente es incómdo: lleva directo a Moscú, después de la orden de arresto por crímenes de guerra emitida contra Vladimir Putin.
    Las sanciones anunciadas por Donald Trump contra la CPI y el choque entre el gobierno italiano y la propia Corte sobre el caso Almasri dejaron mareados a los expertos en derecho humanitario internacional.

divididos entre quienes prefieren permanecer en silencio y quienes buscan analizar los acontecimientos -distintos, pero entercalados entre ellos- desde un punto de vista legal.

No sin un cierto remordimiento al observar que fue justamente Italia en 1998 en ser la cuna de la Corte con el Estatuto de Roma.
    El caso ruso -con el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, la presidenta Tomoko Akane y la jueza italiana Rosario Salvatore Aitala acusados;;- "no es ciertamente un precedente que honra a Italia", es la primera reflexión de Gabriele Della Morte, profesor titular de Derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Milán.
    Sin entrar en el debate político, el jurista destaca en varias ocasiones que el incumplimiento de la orden de detención de la CPI contra el general libio Nijeem Osama Almasri representa "una clara violación de una norma de derecho internacional y de una obligación de cooperar con la Corte", consagrada en el Estatuto. "Tal vez deberíamos cambiar el nombre del tratado, pero hay una disposición que establece la obligación de cooperar".
    Y ahora Italia podría hallarse frente a "un procedimiento particular" en el cual la CPI "tendrá autonomía, después de una interlocución con el gobierno, en decidir cómo proceder" y elegir "si difiere la falta de aplicación de las oblgaciones en la Asamblea de los Estados o llevarla adelante en el Consejo de Seguridad ONU" que sobre Libia es responsable.
    Que la cuestión puede llegar hasta el Palacio de Vidrio es una hipótesis compartida también por No Peace Without Justice (NPWJ) y diferentes juristas de perfil internacional, algunos profundamente ligados a la Corte de La Haya. Si bien la denuncia depositada por un ciudadano sudanés contra (Giorgia) Meloni, (Carlo) Nordio y (Matteo) Piantedosi no es suficiente por sí misma, en las descripciones de la mayoría, para abrir una investigación sobre la violación del artículo 70 del Estatuto, permanece el principio clave que nadie pone en discusión. "Cada país miembro tiene la obligación de ejecutar las órdenes de detención de la CPI".
    "Si un Estados tienen necesidad de documentos traducidos, puede requerirlo conforme del artículo 87(2) del Estatuto en el momento de la adhesión", subraya Alison Smith, miembro de la junta directiva y asesora legal de NPWJ, centrándose luego en una cuestión más amplia: un sistema judicial internacional "cada vez más atacado, tanto desde dentro como desde fuera".
    "Cada vez más Estados miembros cuestionan la obligación de detener y trasladar a los fugitivos internacionales a La Haya e Italia -observa Smith-, como miembro fundador y cuna del Estatuto, debería tener un papel protagonista en la defensa de los valores esenciales".
    Un rol aun más crucial hoy, con Donald Trump que sopla fuergo y alimenta "un clima hostil".
    En riesgo, afirma la consultora jurídica, "el trabajo de la Corte mientras justamente realiza investigaciones y juicios en todo el mundo", desde Darfur hasta Afganistán. Sin olvidar "todos aquellos casos en los que la CPI representa la única esperanza de justicia y compensación para las víctimas".
   

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