Las sanciones anunciadas por Donald Trump contra la CPI y el choque entre el gobierno italiano y la propia Corte sobre el caso Almasri dejaron mareados a los expertos en derecho humanitario internacional.
divididos entre quienes prefieren permanecer en silencio y quienes buscan analizar los acontecimientos -distintos, pero entercalados entre ellos- desde un punto de vista legal.
No sin un cierto remordimiento al
observar que fue justamente Italia en 1998 en ser la cuna de la
Corte con el Estatuto de Roma.
El caso ruso -con el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, la
presidenta Tomoko Akane y la jueza italiana Rosario Salvatore
Aitala acusados;;- "no es ciertamente un precedente que honra a
Italia", es la primera reflexión de Gabriele Della Morte,
profesor titular de Derecho internacional en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de Milán.
Sin entrar en el debate político, el jurista destaca en
varias ocasiones que el incumplimiento de la orden de detención
de la CPI contra el general libio Nijeem Osama Almasri
representa "una clara violación de una norma de derecho
internacional y de una obligación de cooperar con la Corte",
consagrada en el Estatuto. "Tal vez deberíamos cambiar el nombre
del tratado, pero hay una disposición que establece la
obligación de cooperar".
Y ahora Italia podría hallarse frente a "un procedimiento
particular" en el cual la CPI "tendrá autonomía, después de una
interlocución con el gobierno, en decidir cómo proceder" y
elegir "si difiere la falta de aplicación de las oblgaciones en
la Asamblea de los Estados o llevarla adelante en el Consejo de
Seguridad ONU" que sobre Libia es responsable.
Que la cuestión puede llegar hasta el Palacio de Vidrio es
una hipótesis compartida también por No Peace Without Justice
(NPWJ) y diferentes juristas de perfil internacional, algunos
profundamente ligados a la Corte de La Haya. Si bien la denuncia
depositada por un ciudadano sudanés contra (Giorgia) Meloni,
(Carlo) Nordio y (Matteo) Piantedosi no es suficiente por sí
misma, en las descripciones de la mayoría, para abrir una
investigación sobre la violación del artículo 70 del Estatuto,
permanece el principio clave que nadie pone en discusión. "Cada
país miembro tiene la obligación de ejecutar las órdenes de
detención de la CPI".
"Si un Estados tienen necesidad de documentos traducidos,
puede requerirlo conforme del artículo 87(2) del Estatuto en el
momento de la adhesión", subraya
Alison Smith, miembro de la junta directiva y asesora legal de
NPWJ, centrándose luego en una cuestión más amplia: un sistema
judicial internacional "cada vez más atacado, tanto desde dentro
como desde fuera".
"Cada vez más Estados miembros cuestionan la obligación de
detener y trasladar a los fugitivos internacionales a La Haya e
Italia -observa Smith-, como miembro fundador y cuna del
Estatuto, debería tener un papel protagonista en la defensa de
los valores esenciales".
Un rol aun más crucial hoy, con Donald Trump que sopla
fuergo y alimenta "un clima hostil".
En riesgo, afirma la consultora jurídica, "el trabajo de la
Corte
mientras justamente realiza investigaciones y juicios en todo el
mundo", desde Darfur hasta Afganistán. Sin olvidar "todos
aquellos casos en los que la CPI representa la única esperanza
de justicia y compensación para las víctimas".
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