La mecha del conflicto fue la decisión del gobierno de desarmar a las FANO y las fuerzas de seguridad regionales , consideradas una amenaza para la estabilidad del país.
Las FANO,
que se consideran defensores de la población amhara, se sienten
traicionads por el acuerdo de paz firmado por el premier Ably
Ahmed con los rebeldes del Tigué, históricos enemigos de los
Amhara.
La represión gubernamental se está intensificando.
Fuentes
de seguridad informan de numerosas detenciones entre
funcionarios sospechosos de colaborar con los rebeldes. Amnistía
Internacional denuncia "detenciones arbitrarias masivas" y
violaciones de derechos humanos.
Los enfrentamientos armados entre el ejército y las FANO son
frecuentes y también causan víctimas entre la población civil:
el 17 de septiembre, en la ciudad de Debark, al menos nueve
personas murieron durante un violento tiroteo.
FANO, que no tiene un mando central unificado, continúan
llevando a cabo ataques contra el ejército y las ciudades de la
región, demostrando una resistencia considerable.
La crisis en Amhara corre el riesgo de desestabilizar aún
más a Etiopía, que ya sufre años de conflictos internos. La
comunidad internacional observa con preocupación la escalada de
violencia y pide al gobierno de Adis Abeba que respete los
derechos humanos y encuentre una solución pacífica a la crisis.
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