En Tijuana, noroeste del país, el Cabildo emitió una declaratoria de emergencia ante una previsible "crisis" por el arribo en avalancha de personas sin documentos, para lo cual autorizó a la secretaría general de la alcaldía para contratar personal, adquirir equipo y arrendar inmuebles para acoger a los expulsados por órdenes de Trump.
"Se garantizarán partidas del presupuesto, con coordinación con las autoridades estatales y federales para la atención de emergencia, así como la gestión y la obtención de fondos federales existentes para el rubro", señaló la declaratoria aprobada por este comité.
El alcalde Ismael Burgueño señaló la necesidad de articular esfuerzos con el gobierno del estado de Baja California y la presidenta Claudia Sheinbaum, para "salir avante de esta posible situación" y "brindar un trato digno, respeto a los derechos humanos y garantía de un buen retorno de quienes podrían llegar a Tijuana", dijo.
El puente internacional entre Tijuana y San Ysidro, un distrito de San Diego, California, es considerado la zona de tránsito de personas más grande del mundo que registra más de 25 millones de cruces en automóvil y más de 7 millones de personas a pie cada año.
En otra localidad fronteriza, San Luis Río Colorado, estado norteño de Sonora, también en el noroeste de México, la intendencia anunció que rentará una nave industrial para alojar a extranjeros y mexicanos obligados a regresar desde Estados Unidos en las próximas semanas y que se vean obligados a pernoctar en la ciudad.
Las autoridades de la urbe, colindante con San Luis, estado de Arizona, dijeron que esperan recibir miles de personas, pero señalaron que carecen de los fondos suficientes, para atenderlas por lo que solicitaron al gobierno del estado una aportación de unos 5 millones de pesos (unos 250.000 dólares) para brindarles refugio temporal.
Trump amenazó con deportar a 11,9 millones de extranjeros, la mayoría latinoamericanos, que viven en condiciones irregulares, pero sólo 4,1 son mexicanos, aunque muchos de los deportados llegarían a territorio nacional y luego serían trasladados a sus lugares de origen.
El edil del municipio de San Luis Río Colorado dijo que contratará a 50 personas que durante un año atenderán el lugar donde se aloje a los "deportados de Trump".
En el estado norteño de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez, anunció que están siendo acondicionados cuatro albergues en coordinación con los municipios de Acuña y Piedras Negras, ésta última limítrofe con Eagle Pass, Texas, para brindar "refugio temporal y atención humanitaria a los repatriados, a quien "no dejaremos solos".
Otra zona que será destino principal del alud de repatriados es Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, donde el alcalde Cruz Pérez, se prevé instalar campamentos para recibir a los migrantes y la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, habló de la posible habilitación de un estadio de béisbol en caso de ser necesario.
Además, al menos cuatro albergues que ya funcionan serían ampliados por las autoridades, mientras organizaciones civiles y de la Iglesia católica dijeron que también realizan esfuerzos para brindar acogida a los migrantes.
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