La decisión fue tomada a pesar de que el lunes el presidente chileno Gabriel Boric decidió remover de su cargo a la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por la responsabilidad política en el caso.
El diputado y jefe de bancada republicano, Luis Sánchez, declaró que "la causal de cesación en el cargo ya está provocada por el hecho de que firmaron el contrato", aseveró, aludiendo a que ambas participaron de la firma de la escritura de compraventa del inmueble de calle Guardia Vieja en Providencia.
La Constitución chilena prohíbe a funcionarios públicos y a parlamentarios firmar contratos particulares con el Estado.
"Aquí estamos ante una situación muy compleja que es no solo de una ministra que permanece en el cargo, sino que de una senadora que está todos los días votando, haciendo valer su voto en temas muy relevantes que están trascendiendo hoy día dentro del Congreso", reclamó.
Tras el anuncio de los republicanos, la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, replicó que la instancia del Tribunal Constitucional "para nosotros será el momento entonces de que se conozcan los hechos, poder defendernos".
"Si la oposición acude, como lo ha anunciado, al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, por supuesto, como familia o -en este caso- como senadora, defendernos", enfatizó.
La parlamentaria informó además que ya designó al abogado Gabriel Osorio que representará a la familia ante el tribunal.
La familia Allende emitió el lunes un comunicado en el que apoyó la decisión del Gobierno de adquirir la vivienda por la relevancia del proyecto, destacando que ha sido parte de vivencias de la historia republicana que marcaron a Chile.
"Por el gran interés que genera ha sido visitada por jefes de Estado y destacadas personalidades del mundo: artísticas, científicas, filosóficas y políticas, así como también se ha llenado de ciudadanas y ciudadanos chilenos", indicó el comunicado.
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