El beneficiario es Hugo Lemus Concha ya tiene más de 70 años. Cuando tenía 24, militares llegaron a su casa acusándolo del robo de una moto.
"Me empujaron las manos y me vendaron los ojos, con insultos. Me metieron a la fuerza a un Fiat 125, (…) Me pusieron una pistola en la cabeza y me llevaron a Villa Grimaldi, ahí estuve 4 o 5 días. Me torturaron. Después, me trasladaron a 4 Álamos y luego a Puchuncaví, donde estuve 5 meses más", narró.
También aclaró que no tenía militancia. "No militaba en ningún partido. Tengo mis ideas, pero nunca milité. Imagínese todo lo que me pasó y ni militaba", señaló, según consta en el fallo de primera instancia.
Al salir en libertad tuvo que dejar su casa, porque lo perseguían. Estuvo mucho tiempo sin trabajo y en los últimos años ha trabajado en un taxi. Las secuelas de salud fueron la pérdida de un riñón por los golpes y tiene taquicardia. La magistrada del caso, Isabel Zúñiga Alvayay, rechazó las excepciones alegadas por el fisco, al establecer la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad.
La resolución señala que se encuentra acreditado que Lemus Concha "detenta la calidad de prisionero político y torturado, por lo que es del todo plausible presumir que la detención y vejámenes que padeció tuvieron un móvil o carácter político".
Uno de los factores que considera el fallo son las indemnizaciones fijadas por los tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas. La jueza fijó el monto compensatorio en unos 30 mil dólares, que se estima justo y equitativo, considerando que Lemus es beneficiario de las leyes de reparación. El demandante pedía una indemnización de unos 200 mil dólares.
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