La "Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas", presentada por Ortega, fue aprobada de forma unánime por el parlamento.
"Nosotros estamos en Nicaragua, no nos representan rentas del Tesoro de los Estados Unidos, ni hay corresponsalía (bancaria) alguna que esté por encima de nuestra Constitución Política y nuestras leyes nacionales", declaró en el pleno el legislador sandinista Filiberto Rodríguez.
La ley será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional, incluyendo los bancos.
Establece que "en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional".
Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado, además de a la esposa de Ortega y a cuatro de sus hijos, al titular del Banco Central, Ovidio Reyes; al jefe del Ejército, Julio César Avilés; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; y al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, entre otros.
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