"El compromiso nuestro se agiganta en función de hacer justicia también con quienes aquellos que pretendieron escalar una acción violenta, buscando de coartada desconocer unos resultados electorales y son prófugos de la justicia", dijo el fiscal chavista.
Se refirió a las manifestaciones espontáneas y disturbios desatados el 29 y 30 de julio, después que el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara ganador a Maduro sin mostrar los resultados verificables de la votación.
La ola represiva contra las manifestaciones dejó al menos 2.400 prisioneros, incluyendo estudiantes, 150 adolescentes, amas de casa, activistas políticos, curiosos, y vándalos que dañaron propiedades.
El gobierno los considera a todos fascistas y terroristas y los procesa con penas de cárcel de hasta 20 años.
El fin de semana pasado, la fiscalía de William Saab gestionó la libertad de 225 de estos presos, que como el resto, llevaban más de tres meses incomunicados mientras sus familiares denuncian casos de torturas y negación del acceso a la justicia y a la defensa.
"Seguiremos revisando todos estos casos. Pero igualmente va a haber justicia a favor de las 28 personas asesinadas, las 195 personas heridas, (entre ellos) 97 funcionarios policiales y militares, 486 bienes públicos afectados", destacó el fiscal.
William Saab instaló un "Comité de Víctimas del Facismo 2024" y presentó a familiares de algunos de los muertos.
Se quejó de que los detenidos son mostrados como víctimas y más bien los culpó de ser parte de lo que calificó como un plan insurreccional para llevar a cabo un golpe de Estado.
El chavismo atribuye ese supuesto plan a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González, el candidato que enfrentó a Maduro y salió al exilio en España el pasado 8 de septiembre, tras alcanzar una acuerdo con el gobierno de Maduro para no ir a prisión.
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