En un análisis del impacto de esta y otras iniciativas que forman parte de un paquete de 18 proyectos enviados en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, que incluyen la desaparición de varios entes autónomos reguladores, la autoridad monetaria abogó por el "fortalecimiento del Estado de derecho".
Solo así se podría ayudar "a capitalizar la relocalización de empresas que está en marcha y sigue avanzando, y para el crecimiento regional en beneficio de sus pobladores", afirmó el organismo.
En tanto, la organización civil México Evalúa calculó que, si México pierde su grado de inversión por la desconfianza generada por la reforma judicial, el costo financiero para el país podría llegar a unos 3.650 millones de dólares. Las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's y Standard & Poor's (S&P) han advertido que el paquete de reformas constitucionales, en especial la del Poder Judicial, podría "reducir la gobernanza de México" y afectar su calificación crediticia.
Alejandrina Saucedo, directora de Investigación Económica del Banco de México señaló que "las reformas que van ocurriendo en el país, y las que están en discusión" pueden suscitar "cautela sobre las decisiones de inversión".
Durante la presentación del Informe de Economías Regionales, la funcionaria subrayó la importancia de "contar con un entorno que genere incentivos para un entorno propicio para la inversión" que suponga la "fortaleza del Estado de derecho", citando a los contactos empresariales que ha mantenido la institución.
A su juicio, al fortalecer el imperio de la ley y la seguridad, se brinda "mayor certidumbre" y se apoya "el flujo de inversiones en todas las regiones", contribuyendo a "capitalizar las oportunidades que ofrece el proceso de relocalización".
Además, se puede detonar "el desarrollo a más largo plazo en el crecimiento de las economías regionales en el país, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes".
La economista en jefe del banco central señaló que la relocalización "está en marcha y sigue avanzando, según una nueva encuesta que dio a conocer" y dijo que se trata de un proceso "generalizado", aunque adquiere relevancia en el sector de las manufacturas.
Sin embargo, a pesar del clamor de los sectores empresariales sobre el impacto de la reforma judicial en la economía, el gigante automotriz japonés Nissan señaló que a pesar de estos cambios en las leyes mantendrá su inversión a largo plazo.
Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Latinoamérica, señaló que la compañía "está acostumbrada a lidiar con los cambios que se generan a menudo en los países donde opera" y recordó que tiene presencia en 39 países en América Latina en los cuales constantemente se registran este tipo de modificaciones a las normas e instituciones.
"Cada año cambian 10 presidentes y realmente los temas de coyuntura no influyen en cómo trabajamos", afirmó, recordando que entre 2018 y 2024 Nissan ha invertido en el mercado mexicano unos 1.625 millones de dólares y que 60% de sus vehículos se destinan a la exportación en la región de Norteamérica.
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