La cifra difundida hoy por el Ministerio Público hace parte del reciente informe del Global Witness, titulado "Voces silenciadas la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente", que ubicó a Colombia como el país con la mayor tasa de homicidios de defensores de la tierra y el medioambiente.
"El asesinato ha sido la principal práctica para silenciar a los defensores aun cuando otro tipo de represalias como los actos de violencia, la intimidación, las campañas de desprestigio y criminalización son acciones paralelas para infundir temor y favorecer las disputas por la tierra y las violaciones a los derechos humanos", aseguró la Procuraduría.
Tras la reciente ratificación de Bogotá del Acuerdo de Escazú, se exigirá a partir de ahora a las autoridades que deben remitir cada mes las acciones realizadas para salvaguardar a estos líderes de la tierra.
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