Eso es lo que exponen en la carta entregada a la embajada de Brasil en Caracas al término de una pequeña marcha que reunió a un centenar de manifestantes. "El actual gobierno venezolano lleva adelante una ola represiva y de persecución política a escala masiva, mediante detenciones arbitrarias y fuera de ley, asesinatos, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y otros tratos inhumanos", denuncian.
Más de 2.400 venezolanos estén prisioneros, muchos de ellos en condición de desaparición forzada. Denuncian que en Venezuela "se han instaurado prácticas de terrorismo de Estado", contra los disidentes, ejecutadas a través de los servicios de inteligencia, grupos paraestatales y el sistema de justicia.
"Confiamos en su liderazgo, en su sensibilidad ante las injusticias perpetradas en Venezuela, y en su compromiso con la paz y los derechos humanos, como ex prisionero político, para que esta situación no sea ignorada por toda la comunidad internacional", escriben estos familiares.
El gobierno de Maduro afirma que esos presos son terroristas, fascistas, promotores del odio, asesinos y traidores a la patria. Los activistas piden que Lula ayude a lograr "la libertad plena e inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares, sometidos a juicios sin garantías de imparcialidad judicial, en franca violación de sus derechos fundamentales".
También exigen: "Libertad plena e inmediata" para todos los adolescentes y menores de edad presos por razones políticas, víctimas de detenciones arbitrarias; para las 225 mujeres presas por razones políticas, "bajo condiciones inhumanas e indignas en los centros de reclusión"; así como las personas con discapacidad y los que ya tienen órdenes de excarcelación.
Y también la libertad de los periodistas encarcelados por ejercer su labor de informar y opinar. En la carta conocida este jueves, piden "cese inmediato de la represión, la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la persecución política, los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzadas, los allanamientos sin orden judicial, el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir manifestaciones y la criminalización de las actividades de protesta pacífica".
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