En el texto se informa además que el gobierno designó como agente al embajador Claudio Troncoso, director general de asuntos jurídicos de la Cancillería.
"Chile decidió aportar su propia visión sobre la interpretación de algunas disposiciones de la Convención, ejerciendo la facultad prevista en el artículo 63 del Estatuto de la CIG -explicó la Cancillería-. Las partes involucradas en este caso son Sudáfrica e Israel. Chile interviene dada la importancia del tema".
El texto presentado en La Haya "sostiene que la CIG debería dar especial importancia al contenido de las declaraciones de algunos funcionarios públicos israelíes de alto nivel, que han hecho llamados a matar a todas las personas que viven en Gaza o a ignorar su estado civil".
Del mismo modo -prosigue el comunicado del Minrel- el texto precisa que la incitación directa y pública a cometer genocidio es un delito independiente, punible en virtud de la Convención, incluso si no produce el resultado esperado por el autor, si no existe ninguna relación causal, entre el discurso y los actos posteriores, y si esto no resulta en ningún acto de genocidio".
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