El Senado mexicano aprobó, al cabo de una caótica jornada maratónica que incluyó la irrupción de manifestantes en el salón de sesiones que culminó la madrugada de hoy, la controvertida reforma que prevé la elección de unos 2.000 jueces federales y los miembros de la Suprema corte por voto popular.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) y sus aliados de los partidos Verde (PV, centro) y del Trabajo (PT, izquierda) consiguieron la cifra mágica de 86 votos (dos tercios de los 128 miembros de la Cámara Alta) para sacar adelante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El voto que le faltaba a esta alianza lo obtuvo de un senador "arrepentido", Miguel Angel Yúnes, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha), que originalmente había prometido sufragar en contra y en el último momento anunció que le daría su respaldo después de haberse ausentado unas horas alegando que se hallaba enfermo.
A media tarde de ayer, se registró un "portazo" cuando centenares de trabajadores en paro del poder judicial lograron romper las cerraduras del portón principal del Senado, cerca del centro de la capital, y tras forzar la entrada del recinto principal consiguieron forzar la entrada para ingresar al salón.
La sesión se tuvo que suspender y trasladarse a un "recinto alterno", ubicado a poca distancia, la antigua sede del Senado, en el centro histórico, bajo el resguardo de un grueso contingente de policías antimotines para evitar otro incidente similar.
Al final, el oficialismo consiguió aprobar la reforma, que contempla crear "jueces sin rostro" para casos de crimen organizado, la reducción de 11 a 9 miembros de la Suprema Corte, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura (encargado de sancionar la mala conducta de los jueces) y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial.
El resultado de la votación fue 86 legisladores a favor y 41 en contra, con la ausencia del legislador Daniel Barreda, del Movimiento Ciudadano (MC, centro), del cual se dijo que se hallaba detenido en la ciudad sureña de Campeche, pero luego aclaró públicamente que acudió a la fiscalía local porque su padre fue "retenido ilegalmente.
La cuestionada reforma, que mantiene desde hace tres semanas en paro a la mayoría de los tribunales, fue motivada por una "venganza" de López Obrador, a juicio de la oposición, pero el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que se debe a que "el pueblo está harto de la dictadura de la toga y el birrete".
La iniciativa, que forma parte de un paquete de 18 proyectos de enmienda a las leyes enviado por López Obrador en febrero pasado y con los cuales cierra su gestión, que culmina el próximo 1 de octubre, ya pasó por la aduana de la Cámara de Diputados y ahora solo deberá ser ratificada por al menos 17 legislaturas locales (la mitad más una).
De hecho, solo necesita la sanción de 16, pues el Congreso del estado sureño de Oaxaca sancionó hoy muy temprano la iniciativa.
López Obrador ha defendido este cambio radical en uno de los tres poderes del Estado al señalar que "no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular".
Sin embargo, abogados, académicos, especialistas, asociaciones civiles, organismos empresariales y los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, la han cuestionado duramente y han advertido que ahuyentará la inversión foránea.
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