El informe sobre la situación en Nicaragua fue presentado en Ginebra por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Una ley entró en vigor en Nicaragua el viernes pasado para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno.
"Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos", afirmó Salazar.
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de cárcel y confiscación de los bienes por delitos contra la administración pública, ciberdelitos y delitos contra el Estado o instituciones, entre otros.
El despojo de la nacionalidad sumado a "la práctica de denegar la renovación de documentos de identificación" a sus ciudadanos en el exterior "contraviene el derecho inernacional", apuntó.
"Se debe proteger y proveer los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua, quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país", añadió.
Un total de 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo a junio de 2023, y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, según un informe de febrero pasado del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
El informe denunció también el aumento de la persecución a instituciones religiosas, con el cierre de "al menos 1.103 de estas entidades desde 2018".
El ataque a estas instituciones "ha erosionado profundamente el goce del derecho a la libertad de conciencia y de religión, dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada", añadió.
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