"Ese es el espíritu de la ley, que todos podamos acceder a la información del gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios", afirmó Adorni durante su habitual conferencia de prensa.
A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley 27.275 y aumentó los criterios de excepción para acceder a la información, así como también estableció nuevas definiciones sobre los conceptos de "información pública" y "documento".
Esto disparó una andanada de críticas y objeciones, pero Adorni, sostuvo este viernes que no habrá modificaciones en los cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. "Se trata de que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada", afirmó.
Con su comentario, el vocero desdijo a Francos quién había declarado que están dispuestos a hacer cualquier modificación en una ley: "Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es en este caso que vaya a ocurrir. No quita que haya una aclaración adicional", sentenció Adorni.
El funcionario detalló que "en 2020 se recibieron 57 pedidos de información pública; en el 2022, 95 y en 2023, 65". Y que hasta agosto de este año hubo 558. Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos pata atender este tipo de cuestiones".
Con las modificaciones, el Gobierno ya no tendrá que responder positivamente a los pedidos de acceso a la información pública que pretendan saber quiénes ingresan en la Quinta de Olivos, si el funcionario considera que son visitas de carácter "privado".
Además, la nueva normativa restringe la difusión de documentos que incluyan "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre un acto de gobierno.
Esto le podría servir al gobierno de Milei, por ejemplo, para negar el acceso a información clave sobre los encuentros, borradores o escritos previos de normas específicas, como por ejemplo los debates que se dieron en el gobierno en torno al DNU 70/23 y la Ley Bases.
Pero, lo más grave, alertan los especialistas es que el funcionario que lo considere pertinente puede no solo rechazar la solicitud presentada por una persona en su pedido de acceso a la información pública, sino además perseguir judicialmente a quien solicitó la información y reclamar el pago de una indemnización por considerar que actuó "de mala fe".
La nueva normativa restringe la información de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, ya que elimina un párrafo completo del primer inciso del artículo 8 de la ley sancionada por el Congreso.
El diario Clarín subrayó hoy que, solo durante de agosto, Milei atacó en forma personalizada a 50 periodistas y medios, de quienes dijo que son "ensobrados" (cobran coimas, NDR), "esbirros manipuladores" y "cómplices de los verdaderos violentos", entre otros calificativos despectivos. Además, propuso someter a los periodistas al "escarnio público".
La opositora Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto de Milei que restringe el derecho al acceso a la información pública. "Las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Honorable Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública", señaló en un comunicado.
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