Todo esto mientras se espera el comienzo de una nueva temporada: la del acuerdo preventivo bianual para los autónomos, a través del cual el ejecutivo espera recuperar recursos valiosos para intervenir en el impuesto a las ganancias desde la perspectiva de la racionalización de las tasas impositivas.
La ocasión para hacer un balance sobre el "rentómetro" fue la reunión del Consejo de Ministros donde, después de un anterior paso por Palazzo Chigi, el viceministro de Economía, Maurizio Leo, informó a sus colegas del gobierno después de haber, en la víspera, de hecho, detenido la medida (que fue publicada en el Boletín Oficial el lunes).
Pero se volverá a hablar de ello: "Quiero examinar mejor la norma", reafirma desde Trento la primera ministra, Giorgia Meloni - "debemos reflexionar sobre el fondo de la norma que sea efectiva contra la gran evasión, los hechos intolerables, y para garantizar al ciudadano".
En el Consejo de Ministros - dice el viceprimer ministro y ministro, Matteo Salvini - "hubo una aclaración" sobre el rentómetro. "El oficialismo se comprometió a reescribir el decreto a varias manos. Es un triste recuerdo del pasado".
El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, comenta lacónicamente: "Comparto lo que decidió el Consejo de Ministros". En resumen, todo resuelto, a pesar de la polémica política sobre la herramienta. El gobierno "baila de manera indecorosa e indecente. Son un gobierno de aficionados", dice, por ejemplo, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte.
Y hay quien, como la exsubsecretaria de Economía Laura Castelli, advierte: "Lo que nadie les cuenta es que esta semana, la presidenta del Consejo Meloni, aplicará una directiva europea 2023/2226 decididamente peor. Hablamos del Rentómetro Europeo, también conocido como Gran Hermano Europeo".
Se trata de una directiva de la UE sobre "cooperación administrativa en materia fiscal", según se informa, que el gobierno está autorizado a adoptar en virtud de la ley de delegación europea aprobada por el Consejo de Ministros.
Pero hay tiempo: la directiva debe implementarse antes del 31 de diciembre de 2025 y aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Mientras tanto, desde la declaración fiscal omitida o inexacta hasta los casos en que se comunica al fisco menos de lo que se ha determinado, termina la era de las multas máximas de hasta el 240%: entre las novedades, al contribuyente se le pedirá no más del 120% del monto adeudado.
El nuevo régimen, que debería entrar en vigencia en septiembre, prevé sanciones administrativas reducidas de un quinto a un tercio. Para quienes no presenten la declaración de impuestos o la del IRAP, o la declaración del sustituto del impuesto, la multa será del 120%, en lugar del 120 al 240% previsto ahora. Mientras que para la declaración inexacta, se pasa del 90-180% al 70%. Las sanciones fiscales recaudadas cada año ascienden a aproximadamente 2,27 mil millones: el recorte de multas, que se reduce en un 10% en general, como se explicaba en el Informe Técnico, inevitablemente tendrá un "efecto negativo" en términos de ingresos por multas; pero con multas más proporcionadas y de menor monto, se apuesta por una mayor adhesión al procedimiento de determinación.
"El decreto representa otro paso en el camino normativo emprendido para hacer que nuestro sistema tributario sea más justo y equitativo", comenta Leo. "Entre los puntos más importantes -continúa- quiero subrayar el relativo a la proporcionalidad de las sanciones, que nos acerca a los parámetros europeos".
"Una vez más, actuamos para garantizar una mayor certeza jurídica y protección para los contribuyentes. Confiamos en que estas medidas contribuirán a fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración financiera, promoviendo una relación más colaborativa entre el fisco y los contribuyentes"., concluyó el subsecretario.
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