Gravina, de 71 años, estaba incluido en la investigación desarrollada por la fiscalía de Perugia en el presunto caso de espionaje contra políticos y personalidades del país.
Las conclusiones de las investigaciones de la fiscalía de Roma fueron notificadas a Gravina quien, transcurridos 20 días, pudo solicitar ser oído por los titulares del expediente.
El proceso se inició en marzo de 2023 tras un acto de impulso de la Fiscalía Nacional Antimafia sobre presuntos delitos surgidos de la investigación de Perugia sobre las actividades del expediente que involucran, entre otros, a Pasquale Striano.
El objeto del procedimiento se refiere a supuestas irregularidades, incluida la venta de una colección de libros antiguos a disposición de Gravina cuando era titular de la Liga Pro, la tercera división del "Calcio".
El pasado 19 de noviembre el Tribunal de Revisión desestimó el recurso de la fiscalía sobre el embargo preventivo de 140 mil euros contra el titular de la FIGC.
La solicitud del fiscal fue puesta en conocimiento del Tribunal de la Libertad después de que el juez de instrucción rechazó la solicitud en junio pasado, descartando la existencia de sospechas del delito.
En sus razonamientos, el Tribunal de la Libertad respalda esencialmente las hipótesis de la fiscalía, negando el embargo en virtud de los recursos económicos de Gravina.
Por lo tanto, la investigación de la fiscalía de Roma se aceleró tras la decisión de la Revisión.
Según los investigadores, la tarea encomendada a la empresa ISG es mejorar la calidad de la plataforma de distribución de eventos deportivos de la Liga Pro y diseñar sistemas antipiratería.
Según el sistema de acusación, el encargo de esa consultoría fue "dirigido" por el sospechoso (Gravina, Ndr) a cambio de utilidades.
"Llevamos mucho tiempo esperando que concluyan las investigaciones, para finalmente poder demostrar la absoluta falta de fundamento de la hipótesis del crimen.
El presidente
Gravina está totalmente ajeno a cualquier conducta ilícita y
esto le permite confiar tranquilamente en la investigación de la
autoridad judicial", subrayaron Leo Mercurio y Fabio Viglione,
los abogados del titular de la FIGC.
Gravina había denunciado el pasado miércoles 6 de noviembre
mediante Leo Mercurio y Fabio Viglione "la campaña de
mistificación llevada a cabo por algunos medios de comunicación"
respecto de su inclusión en la investigación desarrollada por la
fiscalía de Perugia en el presunto caso de espionaje contra
políticos y personalidades del país.
El presidente de la FIGC ya había asegurado en septiembre
pasado que la investigación desarrollada por la fiscalía de
Perugia "desenmascarará la conspiración" que llevó a su
inclusión en el registro de sospechosos en el presunto caso de
espionaje contra políticos y personalidades de Italia.
La fiscalía de Perugia investiga a Pasquale Striano, agente
de la Guardia de Finanzas italiana acusado de presunto espionaje
y acceso abusivo al sistema de datos de la institución y
divulgación de información confidencial a periodistas.
Según la investigación, Striano accedió sin autorización a
la base de datos fiscales, antimafia y de blanqueo de capitales
para obtener información sobre cinco ministros, los secretarios
de Estado y los ex primeros ministros italianos Matteo Renzi y
Giuseppe Conte.
En la lista también figuran, entre otros, la viuda de Silvio
Berlusconi, Marta Fascina; Gravina, el astro portugués Cristiano
Ronaldo, Massimiliano Allegri (ex DT de Juventus) y el rapero
Fedez.
Según la indagación, Striano ingresó miles de veces a los
expedientes sin autorización y sin que hubiera ningún tipo de
investigación en marcha que justificara el acceso en busca de
información sensible desde 2018.
La investigación se inició hace aproximadamente un año a
raíz de una denuncia del Ministro de Defensa, Guido Crosetto,
por la publicación de un documento sobre su situación fiscal en
un periódico italiano.
Por otra parte, Gravina aseguró el pasado 27 de noviembre estar
"tranquilo" pese a la denuncia en su contra presentada por
Giuliano Amato, garante del Código de Disciplina Deportiva del
Comité Olímpico Italiano (CONI) e integrante de la Asociación
Italiana de Árbitros (AIA).
"La justicia deportiva debería investigar a Gravina", afirmó
oportunamente Amato, quien señala al presidente de la FIGC por
su participación en la investigación sobre los derechos
televisivos de la Liga Pro (Serie C).
Gravina era investigado por presunto "autoblanqueo" cuando era
presidente de la liga de la tercera división del "Calcio" y la
denuncia de Amato apunta a "la violación de los deberes de
lealtad y corrección grabados del artículo 2 del Código de
conducta deportiva del CONI".
En igual sentido, fuentes de la FIGC aseguran que Gravina "está
muy tranquilo" porque está convencido de que no ha hecho nada
incorrecto y porque la situación no puede afectar a su
reelección en la votación prevista el 3 de febrero de 2025, en
la que buscará imponerse para iniciar su tercer mandato
consecutivo.
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