(ANSA) - CARACAS, 02 GEN - La Misión de Naciones Unidas, que
investiga violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa
humanidad en Venezuela, emitió este jueves un llamado a que se
respeten "la vida, la libertad y la seguridad personal de todos
los venezolanos" de cara a la toma presidencial del 10 de enero.
En un comunicado emitido desde Ginebra y difundido también
en Venezuela, esta Misión Internacional Independiente de
Investigación sobre Venezuela hace "un fuerte llamamiento a las
autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse
libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles
represalias".
Le recuerda a los cuerpos de seguridad responsables del
orden público que "deben comportarse con los más estrictos
estándares internacionales en materia del uso de la fuerza",
según el texto, que cita a Marta Valiñas, presidenta de la
Misión.
"Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas
de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por
tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso",
agrega.
Por estos días crece el suspenso en Venezuela en torno al
10 de enero, cuando Nicolás Maduro asumirá un tercer mandato
presidencial, hasta el 2031, tras las cuestionadas elecciones
del 28 de julio.
El oficialista Consejo Nacional Electoral proclamó ganador
a Maduro son presentar pruebas, ni actas de escrutinios,
mientras la oposición denuncia un fraude masivo y muestra sus
propias copias de los resultados que dan como ganador a Edmundo
González, hoy exiliado en España.
La Misión señala que en su más reciente informe ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU (de donde viene su
mandato), documentó "la violenta represión contra la población
que protestaba tras las elecciones presidenciales del pasado 28
de julio, que calificó como una de las crisis de derechos
humanos más agudas de la historia reciente del país".
"Según ha determinado la Misión, el aparato represor sigue
plenamente operativo," dijo Francisco Cox, otro de los miembros
de la Misión.
"Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades
detuvieron a al menos 56 activistas de partidos de la oposición,
a 10 periodistas y a una defensora de derechos humanos. Tanto
quienes ordenen detenciones arbitrarias y la imposición de
torturas u otros malos tratos como quienes las ejecuten, son
responsables penalmente de forma individual", advierte. A
finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público anunció la
excarcelación de 1.369 personas, de las más de 2.500 detenidas
durante la represión postelectoral.
"Estos datos, sin embargo, no han podido ser corroborados",
dice el comunicado al observar que la ONG Foro Penal documenta
que 1.849 personas permanecen en prisión por motivos políticos,
sometidas a irregularidades y restricciones que afectan su
alimentación, su salud y el acceso a las garantías procesales.
La Misión además vuelve a exigir que sean puestas en
libertad todas las personas detenidas arbitrariamente. (ANSA).