(ANSA) - CARACAS, 24 DIC - Una "Asamblea Nacional" de
diputados opositores en el exilio acaba de prorrogar su vigencia
un año más, lo que significa que espera seguir controlando
activos venezolanos en el exterior y evitar que caigan en manos
del gobierno de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional 2015 difundió una carta enviada a
Francisco Palmieri, el diplomático del gobierno de Joe Biden que
desde Colombia atiende asuntos sobre Venezuela, para notificarle
que el 14 de diciembre en una sesión secreta los diputados
aprobaron la renovación y la vigencia de un estatuto opositor
que rige la transición a la democracia en Venezuela.
"Agradecemos el apoyo prestado por el gobierno de Estados
Unidos a este organismo y al pueblo venezolano en la lucha para
restituir la democracia y esperamos seguir contando con esa
inestimable ayuda", dice la carta firmada por Dinorah Figuera,
como presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El chavismo ha emitido órdenes de detención contra Figuera
-exiliada en España- y contra el resto de la junta directiva.
Los acusa de "terrorismo, usurpación de funciones, traición a la
patria, legitimación de capitales y asociación".
Desde enero de 2021 está en plenas funciones la Asamblea
Nacional completamente chavista, electa en 2020.
Para entender este enredo hay que remontarse a 2015, cuando
la oposición obtuvo una arrolladora mayoría en las elecciones
legislativas que en teoría le daba poder para intentar remover a
Nicolás Maduro de la presidencia y emprender cambios históricos
para socavar la hegemonía de chavismo.
Pero Maduro nunca reconoció el valor de ese triunfo ni la
vigencia del Poder Legislativo opositor, y terminó gobernando
por decretos con el también chavista Tribunal Supremo de
Justicia.
Después, en medio de protestas en las calles que pusieron en
jaque a su gobierno, Maduro creó en 2017 una Asamblea
Constituyente para terminar de extinguir el poder del
legislativo.
Esa constituyente convocó unas elecciones en 2018, de donde
salió el actual mandato de Maduro, que no fue reconocido por la
oposición ni por unos 60 gobiernos americanos y europeos, que lo
consideraban ilegítimo.
Estados Unidos siguió reconociendo a la Asamblea Nacional de
2015 y en 2019 su presidente de ese año, un joven diputado
llamado Juan Guaidó, se proclamó "presidente interino" de
Venezuela.
Aunque esa Asamblea Nacional de 2015 terminó sus funciones
en enero de 2021, de acuerdo al mandato constitucional, ha
seguido prorrogando su vigencia, pese a que la oposición está
dividida en ese punto y eliminó en 2023 la figura del presidente
interino.
El chavismo acusa a esa junta directiva de ser "una banda
delictiva" y le atribuye el supuesto robo de activos por unos
2.700 millones de dólares.
Sus defensores señalan que la Asamblea paralela ha impedido
que el régimen chavista se apropie entre otros fondos de
reservas en oro monetario depositadas en Londres, y de la
petrolera Citgo, en Estados Unidos, hoy sometida a un remate
judicial a favor de acreedores de la cuantiosa deuda externa de
Venezuela que está en mora unilateral por decisión de Maduro
desde 2017. (ANSA).