por Milagros Rodríguez (ANSA) - CARACAS, 18 MAR - La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de aprobar la prórroga por 60 días más del decreto de Emergencia Económica que rechazó el Parlamento de mayoría opositora reavivó hoy el conflicto de poderes en Venezuela. En un nuevo episodio la Sala Constitucional del máximo organismo judicial de este país ignoró la decisión de la mayoría calificada del legislativo y dictó una sentencia calificada por el gobierno de "histórica" pero rechazada por la oposición por considerarla una "nueva agresión" al Parlamento.
    Para el abogado constitucionalista Jorge Pabón, ex decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV,) la sentencia del Tribunal Supremo dejó una vez más claro "el choque de poderes" que hay contra el Legislativo.
    "Hay en realidad una visión distinta de dos poderes, el Ejecutivo unido a los otros poderes del Estado exceptuando al Legislativo que en realidad prácticamente está con las manos atadas pero que además debe actuar correctamente negando lo que tiene que negar y no prestarse a discusiones que no tiene nada que ver", afirmó Pabón en diálogo con ANSA.
    A su juicio, "esta prórroga y el decreto de emergencia económica no tienen sentido porque ese decreto es inconstitucional, no cumple con los requisitos que establece la Constitución". "La Asamblea Nacional debió salirse de ese juego macabro en que la ha sometido el Ejecutivo y desde la primera vez que el presidente Nicolás Maduro presentó el decreto debió haber dicho: yo no acepto este decreto, está negado porque ni siquiera cumple con las exigencias que exige la propia constitución", expresó.
    Aclaró que "eso debió hacerlo antes de las 48 horas, toda vez la Ley Orgánica de Estados de Excepción establece ese lapso perentorio para aprobarlo".
    El jurista explicó que el decreto es "inconstitucional porque no establece los derechos que se restringen habida cuenta de que ese es el control constitucional sobre el estado de excepción".
    "Además la misma Constitución establece que el decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y en la Convención Americana de derechos humanos", agregó.
    "Ese decreto lo único que aporta es una polémica para desviar la atención sobre los graves problemas del país y para darle un golpe a la Asamblea diciendo que no cumplió como lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso establecido por la ley orgánicos de estados de excepción", aseguró.
    Para el jefe del Parlamento, Henry Ramos Allup, la decisión "inconstitucional" que tomó el máximo organismo judicial venezolano no le causó sorpresa pese a ser rechazada por la mayoría calificada de la Cámara.
    "Del hampa judicial enguarimbada en sala (in) constitucional nada puede asombrar. Sólo asombraría que alguna vez no violaran la Constitución", afirmó.
    A su vez, Jesús Torrealba, secretario de la alianza opositora conocida como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tildó la acción como una "nueva agresión, una nueva ofensa del Gobierno al sentido común y a la aspiración democrática de la gente".
    El opositor acusó al gobierno de utilizar al TSJ para "imponer" su posición y al Supremo de "alcahuetear" al oficialismo para violar la Constitución.
    En tanto, el mandatario venezolano calificó la decisión del TSJ de "histórica" tras argumentar que la Constitución "obliga a presentar los Decretos Presidenciales ante el poder Legislativo y el Poder Judicial".
    A su vez, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, autodenominada Bloque de la patria, cuestionó que la Asamblea Nacional haya caído en "contradicciones al decretar una emergencia humanitaria y negarse a respaldar la económica".
    El decreto dictado el 14 de enero por Maduro fue rechazado por el Parlamento, pero a mediados de febrero el TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno chavista, a través de un fallo lo declaro vigente. RBY/MRZ
18/03/2016 23:32