Por Marcos Romero (ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 21 FEB - Nueve años de lucha anticrimen en México, con apoyo de las Fuerzas Armadas, empezó a cobrar su factura en el estado mental de los militares enviados a la primera línea de fuego, con casi 200 suicidios.
    La escalada de violencia que azota al país desde diciembre de 2006 está generando cada vez más casos de estrés postraumático en soldados y oficiales, según reportes oficiales.
    La razón es que se incorporó a la ofensiva contra el crimen lanzada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, "sin estar preparados para ello", de acuerdo a los expertos.
    Según documentos desclasificados del ministerio de Defensa Nacional, del 1 de diciembre de 2000 al 18 de diciembre de 2013, al menos 197 militares se suicidaron.
    Miguel Alba, obispo de La Paz, estado norteño de Baja California Sur, a cargo de la Pastoral Castrense de la Conferencia del Episcopado Mexicano, estimó que la presión de los militares ha provocado conductas negativas en los soldados.
    Entre otras cosas, sufren de "estrés postraumático", y les afecta el descrédito de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas, que se traduce inclusive en actitudes de miedo del pueblo hacia los soldados, afirmó el prelado.
    "A las Fuerzas Armadas se les ha encomendado una misión para la que no se les preparó. Se les preparó para defender una soberanía, pero no para luchar contra otros mexicanos, no para enfrentar a hermanos de su mismo pueblo, a verlos como enemigos", indicó.
    Esa situación ha causado que los militares, cuando llegan a las comunidades, "no sepan discernir entre los que son narcos y no, porque saben que todo mundo les va a decir que no está involucrado", ejemplificó Alba.
    "Esto les va acarreando muchos odios, mucho descrédito, mucha desconfianza", expuso el prelado y recordó que antes se observaba a los soldados sólo en los desfiles y se les miraba con orgullo, por su rol sobre todo en desastres naturales.
    Hoy, sin embargo, la actuación militar en algunas zonas del país motivó que el Ejército sea acusado de abusos y de asesinatos, con lo cual hace que la gente "los vea con miedo".
    El sacerdote Gabriel Baltazar recordó que durante los 12 años que sirvió como capellán castrense en el estado de Baja California Sur, un militar le preguntó "¿Padre, yo que he llegado a asesinar me puedo salvar?".
    Baltazar dijo que le contestó que "sí, porque no lo está haciendo por su propia voluntad, usted está cumpliendo con su deber, y el que obedece -dice San Agustín- no se equivoca".
    "Usted está defendiendo la patria, usted está defendiendo a México, a sus hermanos, no lo está haciendo matar por matar, sino por algo que está defendiendo", recuerda que argumentó al militar.
    El sacerdote Leonardo Rojas, presidente de Clérigos Castrenses, afirmó que los soldados que han sido enviados a combatir a las bandas del crimen organizado son "presas del miedo que invade a los nómadas uniformados que sólo cargan con la soledad".
    "Saben de la paranoia que los obliga a no despegarse de las armas y los vuelve agresivos, pero lo que más les preocupa son las repercusiones mentales que, muchas veces, los lleva a la muerte", afirmó.
    Rojas contó que una vez fue requerido en la localidad de Constitución, en Baja California Sur, en la sede de un regimiento militar, donde el coronel encargado lo recibió y le dijo que se estaba presentando una preocupante ola de suicidios.
    El general retirado Samuel Lara aseguró que le tocó ver muchos casos de suicidios, los cuales atribuye a la presión del trabajo. Sin embargo, consideró que el uso de capellanes o consejeros religiosos no evitaría los suicidios aunque acepta que le podría ayudar a los militares si son muy creyentes.
    "Creo que lo que (el soldado) necesita en ese momento es un psicólogo, que eso sí falta realmente en el Ejército", expuso.
    El ministerio de Defensa informó que sólo en 2012 brindó a sus soldados 21.346 orientaciones psicológicas, 7.589 consultas clínicas y 68.653 conferencias y apoyos psicológicos. La guerra contra el crimen lanzada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Calderón provocó unos 151.000 muertos, 280.000 desplazados y unos 28.000 desaparecidos. MRM/MRZ
21/02/2016 18:39