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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 2 (ANSA) - La violencia en México, derivada
del crimen organizado, cuya espiral inició hace casi 8 años sin
que hasta ahora se haya frenado, tiene un impacto directo en el
patrimonio de los pobres, en especial en la caída del precio de
la vivienda y del ingreso.
El precio de las viviendas se ha reducido en 2,5% en
promedio, de acuerdo con la investigación "Los costos del crimen
y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe",
de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
La violencia y el incremento de asesinatos en municipios de
México han provocado un aumento de 1,5% en el desempleo, así
como caídas de 1,2% en el ingreso laboral, de 0,4% en el número
de propietarios de negocios, y de medio punto porcentual en el
autoempleo, de acuerdo con el documento del BID.
Los autores del informe calculan que la violencia aumentó
200% entre 2006 y 2011 en México y los precios de las casas,
sobre todo de las personas con menores recursos, se vinieron
abajo, para llegar hasta el 40% en las zonas "calientes", es
decir, las más golpeadas por el crimen organizado respecto a las
menos afectadas.
Las estimaciones de los especialistas indican que una
escalada en la tasa de homicidios tiene un impacto del 64 al 81%
superior en los pobres en relación con los ricos o la clase
media.
"La violencia tiene un efecto distributivo regresivo,
afectando más a las familias de escasos recursos vis-a-vis las
de altos ingresos, reduciendo el valor de uno de los activos más
importantes para ellas: su vivienda", señala el BID.
El documento menciona casos de centenares de viviendas
abandonadas en el municipio de Tultitlán, en el estado de
México, cercano a la capital, que han sido tomadas por bandas
criminales para alquilarlas a indocumentados.
Casos análogos se presentan también en estados norteños con
violencia endémica como Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
La ola de violencia desatada luego que el presidente Felipe
Calderón lanzó una verdadera cruzada contra el crimen el 11 de
diciembre de 2006, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ha arrojado
hasta ahora unos 151.000 muertos y unos 280.000 desplazados, así
como unos 26.000 desaparecidos, de acuerdo con fuentes públicas
e independientes.
Apenas en enero pasado, el organismo gubernamental Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) calculó que en el país existen 400.000 viviendas
abandonadas que se otorgaron a través de créditos de esta
entidad.
El ministerio de Desarrollo Agrario Terrorial y Urbano señaló
que el gobierno decidió iniciar acciones para su recuperación y
en su caso arreglarlas para volver a ocuparse y dijo que el
estado de México, vecino a la capital, es el que mayor número de
viviendas abandonadas registra en el país.
En el caso de Tultitlán y de otra localidad llamada
Huehuetoca, en el estado de México, se calcula que hay al menos
1.000 invadidas por bandas del crimen organizado.
En estados como el sureño de Guerrero, costas del Pacífico o
en la frontera norte con Estados Unidos, hay decenas de
localidades fantasma como en el llamado Valle de Juárez, en el
estado de Chihuahua o el Valle de San Fernando, en el de
Tamaulipas.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó su
Informe Global de la Paz 2015 en julio pasado, en el cual
calculó que el "conflicto doméstico" que impacta a México en el
marco de la guerra contra el narcotráfico le cuesta 221.000
millones de dólares anuales.
Este gasto representan el sexto mayor gasto asignado a la
contención de la violencia a escala mundial, detrás de Estados
Unidos, China, Rusia, India y Brasil, según la ONG.
Otro reporte del mismo organismo difundido en marzo de este
año, señaló que el costo de la violencia en México equivale a
17.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, o sea tres
veces más que el presupuesto federal dedicado al sector salud.
MRM/ACZ
02/11/2015 20:08
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