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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 30 (ANSA)- El alcalde de la localidad de
Cocula, estado de Guerrero (sur de México), Ulises Ramírez, fue
detenido cuando se hallaba reunido con Zenén Casarrubias, el
jefe de la banda criminal Guerreros Unidos, involucrada en la
desaparición de 43 estudiantes hace más de un año.
El arresto, ocurrido en la casa del delincuente, confirmó los
lazos que existen entre esta organización, que se disputa el
control del tráfico de drogas en el estado de Morelos y Guerrero
con otra banda llamada Los Rojos, y las autoridades municipales
de la región.
Actualmente, están encarcelados el alcalde de la ciudad de
Iguala, vecina a Cocula, José Luis Abarca, y su esposa Angeles
Pineda, acusados de vínculos con Guerreros Unidos y de ordenar
el arresto de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 y
su entrega a la organización.
Los Rojos y Guerreros Unidos surgieron de la fragmentación
del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, al que pertenecieron
también familiares de Pineda, que planeaba postularse para el
cargo que ejercía su marido.
Fuerzas Especiales del Ejército capturaron al intendente,
Ulises Ramírez, en una vivienda de la localidad de Emiliano
Zapata, estado de Morelos, a unos 70 kilómetros al sur de la
capital.
Zenén es hermano de Mario y Sidronio Casarrubias, otros
dirigentes de Guerreros Unidos que se encuentran ya en prisión
desde hace varios meses también por el caso de los 43
estudiantes.
Conocido en Guerrero como "El Jitomate", es acusado por la
Procuraduría General por cargos de delincuencia organizada,
tráfico de drogas y homicidio.
Al alcalde y Zenén les fueron confiscadas dos armas y un
paquete de cocaína. Una tercera persona fue también arrestada
pero sólo se le identificó como asesor del izquierdista Partido
de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece el alcalde,
sin revelarse su identidad.
Unos 40 elementos del Ejército participaron en el arresto del
alcalde, que asumió su cargo apenas el mes pasado, y el jefe de
Guerreros Unidos.
Zenén Casarrubias fue acusado por otro miembro de la
organización, Gildardo López, "El Gil", como una de las figuras
clave de la desaparición y probable asesinato de los 43
estudiantes.
Según la tesis de las autoridades, los estudiantes fueron
desaparecidos y luego asesinados y sus restos incinerados en un
basural de Cocula, antes de arrojarlos a un río de la localidad,
porque varios de sus miembros pertenecían a Los Rojos.
También cobra fuerza la hipótesis de que uno de los buses
donde viajaban los jóvenes, que supuestamente habían viajado a
Iguala para recaudar fondos para financiar sus protestas,
llevaba un cargamento de goma de opio, de armas o de dinero,
dirigido a Estados Unidos.
La desaparición de los estudiantes y su posible asesinato,
que es negado por sus familiares, ha generado un vasto
movimiento de organizaciones civiles que ha obligado al gobierno
mexicano a realizar una investigación a fondo, con apoyo de un
grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Los expertos han refutado algunas de las conclusiones de la
Fiscalía General sobre el caso, en especial la de que los
cuerpos de los jóvenes fueron quemados en un vertedero de
Cocula, por considerar que no hay pruebas científicas de ello.
La semana pasada el gobierno aceptó prorrogar por seis meses
más el mandato del grupo de especialistas que inició en marzo
pasado y la Procuraduría aceptó realizar un nuevo peritaje y
encomendar una revisión de la indagatoria a la Subprocuraduría
de Derechos Humanos.
Anteriormente, las pesquisas estaban encabezadas por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada.
MRM-ADG/ACZ
30/10/2015 19:08
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