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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 7 (ANSA) - La Fiscalía del estado de
Chihuahua, en el norte de México, informó que nueve jóvenes
desaparecieron cuando se dirigían a trabajar hace 12 días en la
comunidad de Río Verde, municipio de Balleza, en la Sierra
Tarahumara, habitada por la etnia del mismo nombre.
El 24 de septiembre pasado, los jóvenes de entre 15 y 29 años
salieron de la ciudad de Parral en una furgoneta marca Ford Ram
gris y al llegar a Río Verde llamaron a sus familias para avisar
de su paradero.
Pero después de esto ya no hubo más comunicación de los
jóvenes -cuatro de ellos menores de edad- con sus parientes y
hasta ahora no se tiene ningún rastro sobre su destino, informó
la fiscalía.
Los allegados a los desaparecidos iniciaron una tenaz
búsqueda y denunciaron en caso a través del periódico El Monitor
de Parral, para apelar a la ayuda de los habitantes de la región
para localizar a sus familiares.
Asimismo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que
colabora en la búsqueda de los hermanos Antonio (29 años),
Eduardo (27) y Nicolás Orozco (24) y los primos Jesús Vargas
(21) y Luis Angel Orozco (15).
Los otros desaparecidos son Joel Chaparro (27), Norberto
Rodríguez (15), Salvador Ramos (17) y Antonio Núñez (16).
El caso se suma a una ola de desapariciones registradas en el
país desde que el ex presidente Felipe Calderón inició en
diciembre de 2006 una ofensiva de gran envergadura con apoyo de
las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada.
El gobierno federal reconoce la existencia de al menos 22.000
personas desaparecidas, extraviadas y no localizadas, aunque son
muy pocos los que se cree corresponden a lo que técnicamente se
conoce como "desaparición" forzada, que en términos jurídicos
implica a algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, el asunto surge a pocos días de cumplirse un año de
la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, estado sureño de Guerrero, en la localidad de
Iguala, que causó un fuerte impacto nacional e internacional y
representó un duro golpe a la credibilidad del gobierno del
presidente Enrique Peña.
La Procuraduría General de la República (PGR) involucró al
entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa
Angeles Pineda, quienes están en prisión, en la desaparición de
los estudiantes.
Ambos habrían ordenado a policías municipales someterlos y
entregarlos a una banda conocida como Guerreros Unidos, aunque
las razones por ahora permanecen en el misterio.
Algunas hipótesis señalan que fueron frenados por haber
tratado de boicotear un acto encabezado por Pineda, quien
aspiraba a relevar a su marido, pero se cree que sería una
represalia desproporcionada, por lo que cobra fuerza la idea de
que se trató de una venganza vinculada con las drogas.
Expertos estiman que en uno de los buses donde iban los
estudiantes, cuyos compañeros argumentan que sólo llegaron a
Iguala a apoderarse de transportes para viajar días después a la
capital a una manifestación anual por la Matanza de Tlatelolco
del 2 de octubre de 1968, había un cargamento de drogas, armas o
dinero.
También se sospecha que los estudiantes estaban infiltrados
por un grupo llamado "Los Rojos", con los que Guerreros Unidos
mantiene una rivalidad a muerte.
La fiscalía asegura que los jóvenes fueron asesinados y luego
sus cuerpos quemados en un basural y arrojados a un río, pero un
grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) rechaza que hayan sido incinerados sus cuerpos en
el lugar donde asegura el gobierno.
Los padres de familia han salido una y otra vez a las calles
enarbolando consignas como "Vivos se los llevaron, vivos los
queremos" y acusan al Estado mexicano de estar vinculado con la
desaparición de sus hijos.
El caso ha sacado a la luz la desaparición de otras 104
personas cuyos cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas
cerca de Iguala tras el caso de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, de los cuales apenas siete han sido identificados.
MRM/MRZ
07/10/2015 21:15
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