BOGOTA, 2 (ANSA)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su preocupación por la situación que se presenta en la frontera entre Colombia y Venezuela, en particular por la posible violación de los derechos humanos de los colombianos deportados.
    Así lo manifestó este martes el secretario ejecutivo de la comisión, Emilio Alvarez Icaza, quien afirmó que ya se le pidió a Caracas frenar las deportaciones y ofrecer garantías a las personas que están saliendo de ese país.
    "Estamos muy preocupados y la Comisión ya la ha pedido a Venezuela que detenga estas actividades y que genera las condiciones de los derechos de los colombianos que están ahí", precisó Alvarez, quien agregó que "esperamos una respuesta de Venezuela".
    La CIDH parece ser ahora el escenario en el que Bogotá espera encontrar eco a sus denuncias sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos de deportados, luego del traspiés en el seno de la OEA, donde no logró los votos suficientes para convocar a una reunión de cancilleres de la región.
    En un mensaje al país, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció anoche que adelantaría una ofensiva diplomática para denunciar lo que ocurre en la zona fronteriza en instancias como la CIDH, la ONU y la Organización Internacional de las Migraciones.
    Pero no solo Santos está empecinado en llevar el caso a instancias judiciales internacionales, lo mismo hizo el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien pidió medidas cautelares al ente interamericano, así como el defensor del Pueblo local, Armando Otálora, y hasta el procurador general, Alejandro Ordoñez.
    En el caso de este último, su oficina radicó este martes ante la Comisión medidas cautelares por lo que consideró "una campaña de estigmatización y persecución" contra los colombianos y el "desplazamiento forzoso" mediante "diversos actos coercitivos", entre otros argumentos.
    Alvarez dijo que la Comisión ha conocido de otros casos de expulsión de inmigrantes ilegales en la región, pero "no de esta magnitud".
    El secretario dijo que a la Cidh se le ha informado de la deportación de más de mil personas, de las cuales una de cada cuatro son niños.
    "Esto es de una extraordinaria preocupación y es totalmente contrario a los principios internacionales de los derechos humanos", manifestó el funcionario.
    Recordó que los estados son libres de establecer sus mecanismos de deportación de inmigrantes ilegales, pero las mismas deben obedecer a procesos que les permitan algún tipo de defensa y por ende no pueden hacerse de manera espontánea, masiva y sin un procedimiento legal previo.
    Agregó que uno de los temas más graves fue la marcación de las casas donde estaban asentadas varias de las personas deportadas en la zona de frontera para su demolición.
    "Este fenómeno de marcar las casas con la letra D y luego proceder a destruirlas recuerda las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, nos parece, y ese el urgente llamado a Venezuela, no solo a detener las deportaciones sino a garantizar la protección de sus bienes y de quienes han sido deportados", precisó Alvarez.
    Sostuvo que no veía "un escenario" en el que Venezuela no responda al pedido de la CIDH y manifestó que se pueden generar audiencias para llamar la atención de Caracas.
    Por su parte, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, reiteró hoy que las deportaciones se realizaron en el marco de la ley y sostuvo que las acusaciones de Colombia contra su país son infundadas y hacen parte de una "campaña" mediática para "estigmatizar" a su nación.
    "Porque hubo una acción puntual de enfrentar la inmigración ilegal, que nos está desangrando nuestra economía, se nos quiere hacer esta propaganda", aseguró Saab.
    Mientras que el embajador de Caracas ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, urgió por un encuentro de los presidentes de los dos países para superar la crisis.
    "Somos hermanos, en momento de disgustos la solución no es acudiendo a terceros, tenemos que arreglarlos nosotros mismos las emociones no pueden desviarnos del camino que debemos recorrer para encontrarnos", manifestó Chaderton.
    Colombia y Venezuela atraviesan por la más grave situación diplomática binacional desde que Santos y Nicolás Maduro ejercen el poder, similar a las que en su tiempo enfrentaron Alvaro Uribe y Hugo Chávez.
    La crisis se desató luego que Caracas ordenara el cierre de la frontera en el estado del Táchira y luego ordenara la salida de los colombianos residenciados en la zona, en un intento por frenar la violencia de la región y acabar con el contrabando. YK7-ADG/MRZ
02/09/2015 20:57