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Por Margarita Bastías
(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 2 ABR - Defensores de los
derechos humanos en Chile denunciaron el intento de los
herederos de los jerarcas de la ex Colonia Dignidad de intentar
acallar la verdad de los delitos cometidos en el interior del
asentamiento alemán que encabezaba el pedófilo y torturador, ex
cabo de las SS hitlerianas, Paul Shaefer.
La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de
Colonia Dignidad conoció el contrato que ofrece la Inmobiliaria
Neidenburg Limitada, representada legalmente por Hans Jorg
Schreiber Nill, que lo haría dueño absoluto de "la historia de
este ex centro de exterminio, tortura desaparición,
experimentación, tráfico de armas, abuso sexual, entre otros".
La misteriosa Colonia Dignidad fue fundada como sociedad
benefactora en 1960 por Schaefer en un extenso predio en Parral,
340 kilómetros al sur de Santiago, donde se fueron a vivir poco
más de 300 colonos al margen de todas las leyes, al punto que el
Estado chileno desconocía los nacimientos y muertos al interior
del enclave.
Tras el Golpe Militar de 1973, el asentamiento se convirtió
en lugar de entrenamiento de agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), centro de detención, torturas y
desapariciones de la policía secreta de la dictadura.
Paralelamente era un recinto de vacaciones para los
funcionarios civiles y militares del régimen, partiendo por el
dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, el jefe de
la DINA, el general Manuel Contreras, los dos hombres más
poderosos del país en ese periodo.
Los denunciantes calificaron la acción de Schreiber y sus
colaboradores inmediatos de un "abuso incalificable" y
aseguraron que "no tiene otro objetivo que obstruir gravemente
las investigaciones judiciales, científicas y culturales que se
encuentran en curso" vinculadas a las graves violaciones a os
derechos humanos bajo la dictadura cívico militar (1973-1990).
Para la Asociación, "un grupo de herederos de los antiguos
jerarcas replica el sistema represivo y manipulador que
estableció en ese lugar Schaefer, basado en el soborno, la
complicidad, en las necesidades extremas y en la anulación de
los derechos básicos de las personas a tener una identidad y
memoria propia".
Apuntan que el documento de cesión de derechos "es
particularmente aberrante, ya que se trata de un contrato
vinculante para terceros y no sólo para las partes firmantes".
La médico obstetra Margarita Romero, hermana de una
prisionera de Colonia Dignidad, declaró a ANSA que "sabemos que
muchos de los colonos que vivieron allí durante la época de
Schaeffer y que aún habitan Colonia Dignidad saben lo que
pasaba, conocen de los asesinatos, de la tortura, de las
relaciones con la DINA, de las inhumaciones y exhumaciones
ilegales; y lo que se pretende con este contrato es poner una
verdadera mordaza a los colonos que quisieran contar algo de
esto".
Comentó que "lo más grave que se lee en este documento, es la
intención de ocultar la verdad y la obstrucción a la justicia
imponiendo la impunidad permanente a los crímenes de lesa
humanidad cometidos en la colusión DINA-Colonia".
Según Romero, "las prácticas de autoritarismo y el control
total de una comunidad impuesta por Paul Schaeffer, son
heredadas por esta nueva generación de jerarcas que intentan por
un método más moderno y legal imponer su dominio, ejerciendo un
poder tal sobre las vidas de los colonos".
Colonia Dignidad fue disuelta en 1990 con la recuperación de
la democracia, pero sus millonarios bienes fueron traspasados al
círculo de hierro de Schaefer, quien hasta 2005 logró eludir la
acción de la justicia muriendo en prisión en el año 2010 a los
88 años, llevándose muchos secretos del enclave.
MBA-ADG/MRZ
02/04/2016 21:44
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