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Por Margarita Bastías
SANTIAGO DE CHILE, 23 (ANSA)- América Latina se ha convertido
desde hace más de una década en uno de los epicentros de la
expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la
inversión en exploración mineral a nivel mundial.
Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los
conflictos, como lo detalla el estudio "Conflictos mineros en
América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de
situación en 2014", compilado por el Observatorio de Conflictos
Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y
Uruguay.
El Observatorio constató que la minería creció en estos años,
tanto en los países con larga experiencia en esta actividad,
como en países que recién han comenzado a constatar la presencia
de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando
desarrollar emprendimientos a gran escala.
La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más
diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: "En
América Latina podemos citar el caso de los páramos, los
sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la
Amazonía, los glaciares, entre otros".
Para las organizaciones medioambientales, "poner la noción
del territorio como eje central del análisis, permite entender
cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos
en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una
actividad que se impone desde fuera".
"No hay minería sin el control de grandes extensiones de
tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes
naturales, que antes de que llegue la minería han estado
manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta
actividad", releva el documento.
La defensa de los territorios sigue siendo un componente
central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva.
En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de
las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia,
así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de
legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.
El documento resalta que "el extractivismo se ha ido
transformando en casi un dogma económico incuestionable,
promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos
progresistas como neoliberales".
Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de
divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos,
mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el
discurso es de crecimiento y desarrollo.
En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental,
el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más
que consignas vacías de contenido, y más aún de acción
consecuente.
Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a
los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores
inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico
de influencias y corrupción.
Pionero en las legislaciones que promueven la actividad
minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de
protección a la minería mediante la criminalización de la
protesta social.
El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez
más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra
convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a
los derechos humanos.
Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas
mineras es el acceso al agua y la contaminación.
También el territorio: Las comunidades no lo entienden como
propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento,
desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones,
seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad.
"Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial
comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos
mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales.
Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el
pleno desarrollo de los seres humanos".
MBA/MRZ
23/05/2015 18:08
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