<newslink iptc="04000000" xlink:href="58b212fe9e08a345293cccae241a91c8.jpg" xlink:title=""> </newslink> Por Darío Pignotti (ANSA) - BRASILIA, 9 ABR - En los próximos días se juega el destino político de la tambaleante presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pues si la Cámara de Diputados aprueba el inicio del "impeachment", que luego será juzgado en el Senado, se habrá librado un certificado de defunción del gobierno y el fin de 13 años de poder del Partido de los Trabajadores (PT).
    Para que el juicio político o "juicio por impedimento" se ponga en marcha la oposición tendrá que contar con el voto de 342 diputados, y para impedir el proceso el gobierno necesita el aval de 171. Así lo establece la legislación pues el "impachment" es un instituto "excepcional", para cuya aprobación se requiere una mayoría especial dos tercios de los 513 miembros de la Cámara Baja.
    Un detalle técnico de importancia política: los defensores de la salida de Rousseff tienen que garantizar la presencia en el recinto de 342 o más legisladores, mientras al gobierno le basta con impedir que sus adversarios obtengan ese número. Es decir el oficialismo frenará el juicio contra Rousseff incluso si 171 legisladores faltaran a la sesión cuya apertura está prevista para el próximo viernes 15, siempre que no haya alguna medida cautelar del Supremo Tribunal Federal u otro factor que pudiera postergarla. El viernes durante la sesión de la Comisión Especial sobre el Impeachment diputados del Partido de los Trabajadores expresaron la posibilidad de que el gobierno interponga una acción al Supremo Tribunal Federal, pues considera que la presidenta no cometió ninguna violación de la Constitución, con lo que faltan motivos para enjuiciarla.
    En razón de esa mayoría especial que impone el impeachment la estrategia del Palacio del Planalto es persuadir a congresistas indecisos para que voten contra la iniciativa o falten a la sesión. Al frente del operativo para seducir parlamentarios está el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instalado desde hace dos semanas en una suite del Hotel Blue Tree, a doscientos metros de la residencia oficial de Rousseff, el Palacio de Alvorada. Con quien se reúne frecuentemente para definir los pasos a seguir.
    Lula se desempeña como un ministro sin cartera, a la espera de que el Supremo Tribunal Federal analice una medida cautelar en la que fue suspendida su designación como Jefe de la Casa Civil, cargo para el que juró el 17 de marzo pero no llegó a ejercer oficialmente.
    El ex mandatario es conocido por su pragmatismo y la fama de cumplir los acuerdos que ganó en sus 8 años de gobierno y antes como líder sindical.
    Para retener el apoyo de partidos conservadores Lula les ofrece cargos en el gabinete y empresas del poderoso estado brasileño. Gracias a esto logró que permanezcan junto al Palacio del Planalto agrupaciones medias como el conservador -a pesar de su nombre- Partido Progresista, que tiene 51 diputados.
    Si bien Lula pudo frenar la migración de partidos aliados hacia la oposición y el voto por la destitución de Dilma, no será fácil que pueda revertir un cuadro de situación verdaderamente adverso en la opinión pública. La encuestadora Ibope registrà que el 69% de los brasileños apoyan la salida de la Jefa de Estado reelecta en octubre de 2014 para un segundo mandato que debería finalizar el 31 de diciembre de 2018. Los números en el Legislativo son tan adversos para Rousseff como los reportados por Ibope sobre el clima de opinión. Hasta el viernes pasado oposición sumaba 308 diputados por el "impeachment", lo que representa el 60% del cuerpo de acuerdo con unaconsulta de Datafolna.
    Por lo que a la oposición sólo le falta conquistar el apoyo de 34 congresistas, un número que parece probable aunque todavía es prematuro para darlo por seguro.
    Y si Lula dialoga con dirigentes partidarios para impedir que crezca la marea por el impeachment, el vicepresidente Michel Temer labora para ganar el apoyo a la destitución de Rousseff.
    Temer aspira asumir la presidencia y para ello cuenta con el poder de su agrupación, el presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño, con 68 diputados.
    La semana pasada Temer y el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, se anotaron una victoria cuando el relator de la Comisión Especial del Impeachment se pronunció por iniciar un proceso a la presidenta.
    Esa comisión sesionó hasta la madrugada de este sábado y volverá a hacerlo el lunes, cuando sus 65 miembros votarán a favor o en contra del parecer presentado por el relator. En principio la oposición se perfilaba como favorita para vencer ese escrutinio.
    Luego de concluidas las tareas de la Comisión Especial sus conclusiones serán publicadas y posteriormente giradas al Plenario de la Cámara baja.
    El vicepresidente Teme y su correligionario Cunha al parecer están interesados en abreviar los plazos para votar el proceso contra Rousseff.
    Cunha declaró que quiere sesionar el sábado y domingo 16 y 17, algo que no conoce antecedentes en los últimos años.
    Dirigentes próximos a Cunha piensan movilizar a decenas de miles de opositores hasta el Parlamento el domingo 18 para generar presión sobre los legisladores. En cambio, el gobierno y sus diputados se oponen a ese régimen extraordinario, y prefieren que si el plenario comienza a votar el viernes 15 de abril retome la sesión el lunes 19. (ANSA). ADG
09/04/2016 17:29