|
Por Darío Pignotti
(ANSA) - BRASILIA, 4 FEB - La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, declaró hoy por primera vez ante la Justicia y negó
ser parte de una red de sobornos a través de los cuales se
facilitó la sanción de leyes y decretos promulgados entre 2009 y
2013 en beneficio de la industria automotriz, como parte de la
política de incentivo a la producción.
La jefa de estado afirmó no tener "ninguna información o
declaración a prestar sobre los hechos narrados en la denuncia"
sustanciada en el marco de una causa conocida como Operativo
Zelotes.
El escrito firmado por Rousseff fue enviado este jueves al
juez federal Vallisney de Souza Ribeiro, de la comarca judicial
de Brasilia.
La presidenta declaró en calidad de testigo propuesto por uno
de los procesados, el lobista Eduardo Valadao, acusado de haber
gestionado beneficios para firmas ensambladoras (montadoras) de
vehículos como la prorrogación de exenciones fiscales.
Desde el gobierno del ex presidente Luiz Inácio da Silva se
adoptaron políticas de incentivo a la demanda interna como la
suspensión provisoria del Impuesto a la Producción Industrial
(IPI), iniciativa que dio impulso a la industria automotriz
luego de la crisis financiera de 2008.
La prorrogación del IPI y otros incentivos fueron objeto de
negociaciones irregulares, según el ministerio Público Federal.
Lobistas y estudios jurídicos renombrados también fueron
contratados por montadoras de vehículos, empresas y bancos para
la anulación de multas ordenadas por el Consejo Administrativo
de Recursos Fiscales.
Ese organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y
compuesto por varios consejeros, dejó sin efecto el pago de
multas millonarias con que debían pagar las empresas condenadas
por evasión fiscal y otros fraudes al fisco.
En otro de los escritos enviados hoy a la Sala 10 de la
Justicia Federal se afirma que la presidenta "vetó las
enmiendas" a una Medida Provisoria, cuya redacción habría sido
parte de un acuerdo ilegal para favorecer a grupos económicos.
Dicha Medida Provisoria fue fechada en 2011 el primer año de
gobierno de Rousseff elegida en octubre de 2010 y reelegida en
el mismo de 2014.
Por otra parte la Casa Civil, equivalente al Ministerio del
Interior, solicitó hoy al magistrado que evite requerir
nuevamente a la presidenta dado que en la causa "no se menciona
ningún hecho que sea conocido por la señora presidenta".
El Operativo Zelotes se destapó hace un año cuando la Policía
Federal recibió una carta anónima sobre las complicidades entre
lobistas y funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores.
Una fábrica pagó 57 millones de reales, 13 millones de
dólares, a lobistas y abogados por influenciar a los
funcionarios que redactaron una Medida Provisoria para prorrogar
ventajas fiscales.
Gracias a esa medida la fábrica de automóviles fue eximida de
pagar impuestos por 879 millones de reales equivalentes a unos
220 millones de dólares.
La declaración de Rousseff ante la Justicia ocurre
contemporáneamente a la causa por corrupción en Petrobras por la
que están presos altos dirigentes del oficialista Partido de los
Trabajadores (PT).
La presidenta no fue acusada en ese proceso, conocido como
Lava Jato (Lavado Rápido), donde los fiscales declararon tener
sospechas sobre la participación de Lula da Silva.
Medios de comunicación publicaron recientemente versiones
sobre divergencias entre Rousseff y el oficialista PT respecto a
la posición del gobierno ante los procesos contra miembros de
esa agrupación.
Según trascendidos Rousseff ha dicho ante sus auxiliares que
no tiene ninguna deuda pendiente con la Justicia y no hará pesar
su influencia para obstruir las investigaciones en curso.
De acuerdo con los mismos medios la presidenta hesitó en
desafiliarse del PT, agrupación en la que milita desde 2001, dos
años antes de ser nombrada ministra de Minas y Energía por el
presidente Lula da Silva.
Por cierto, hasta hoy Rousseff es considerada como una
"extranjera" por los llamados "petistas de paladar negro", que
fundaron esa fuerza en 1980.
DCP/ACZ
04/02/2016 20:05
|
